La Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, adscrita a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, está preparando para finales de 2025 un decreto de ordenación de proyectos energéticos en Baleares.
El director general, Diego Viu, explica que «la legislación estatal es ambigua y presenta carencias. Es una normativa poco clara y que ofrece poca seguridad. Ante la presentación de proyectos de parques fotovoltaicos, sobre todo en suelo rústico, queremos ordenar el procedimiento».
Viu recuerda que «en la tramitación de proyectos energéticos interviene nuestra dirección general para controlar que se cumplen los requisitos de las leyes del sector eléctrico, pero también hay una parte territorial, con informes de los afectados, y una evaluación ambiental, que puede prever medidas compensatorias. La vertiente más problemática corresponde a la parte territorial, que es competencia del Consell. Por todo ello, queremos establecer un procedimiento claro que unifique criterios y ofrezca simplificación administrativa y seguridad jurídica».
El director general añade que «evidentemente, este decreto establecerá que no se puede instalar una infraestructura energética en cualquier sitio, de cualquier modo y a cualquier precio, dando prioridad a las zonas degradadas, pero los criterios para ello deben ser claros y tener sentido». Diego Viu destaca que «si nos marcamos un objetivo de electrificación total en Balears, con una generación energética descarbonizada, necesitamos la instalación de 3.000 megavatios renovables. Con la equivalencia de que la producción de un megavatio renovable necesita una hectárea, estamos hablando de 3.000 hectáreas. Ello supondría el 0,5 % del territorio de Baleares, teniendo en cuenta que la Serra de Tramuntana, las áreas naturales de especial interés y otras zonas protegidas y costeras no pueden acoger instalaciones de este tipo».
Viu indica que «un estudio apunta que, en el caso de Baleares, con la instalación de infraestructuras energéticas renovables en parkings, cubiertas de edificios y áreas antropizadas disponibles y viables no llegaríamos a cubir el 20 % de las necesidades de suministro, por lo que hay que poner orden y fijar los criterios de implantación de los proyectos».
Finalmente, el director general comenta que «precisamente por una normativa estatal poco clara y poco segura, se impuso a cada proyecto un aval de 40.000 euros por megavatio previsto en los permisos de acceso y conexión».
El apunte
Zonificación de autorizaciones en el Pla Territorial de Mallorca
El Consell de Mallorca informó favorablemente de la instalación de 62 parques fotovoltaicos en suelo rústico desde 2019 hasta septiembre de 2023. Estos proyectos suponen una superficie total de 715 hectáreas. Según fuentes del Consell, son los propios técnicos de la institución insular los que atribuyen el aluvión de proyectos fotovoltaicos a la Llei de Canvi Climàtic y a la Llei de Projectes Estratègics, ambas de 2019. Una prevista cuarta modificación del Pla Territorial zonificaría las autorizaciones de estos proyectos.