Las residencias de Balears solo aceptan a personas con más de 70 puntos de dependencia, lo que significa en situación grave o muy grave, y dejan fuera a la gran mayoría de solicitantes de plaza con grados más leves. Actualmente, el 72,7% de los usuarios en los centros residenciales públicos se clasifican en la categoría máxima de complejidad clínica y de alto riesgo (grado III). Lo curioso es que si nos fijamos en los últimos datos de febrero de 2024 de la Direcció General de Dependència del Govern sobre las solicitudes para una prestación de dependencia, el 42 % tiene un grado I; el 33 % un grado II y el 25 % cuenta con el grado (III).
¿Significa que no hay gente con grados de discapacidad más leves? En el pasado, el orden para entrar a las residencias no se basaba en la gravedad. Desde 2017, esa condición cambió, pero aquellas personas más autónomas (grados I y II, principalmente) reservan su plaza por antigüedad. Sin embargo, desde esa fecha, son los casos más graves (grado III) los que consiguen plaza.
Actualmente, hay 3.076 usuarios que ocupan una plaza en alguna residencia de las Islas. El Govern cuenta, además, con 970 plazas por convenio con otros centros privados, y se estima que en 2025 puedan estar listas las nuevas residencias -se encuentran en fase de construcción-, lo que dotaría a esta comunidad con 749 plazas más para ofrecer.
Un total de 1.931 personas se encontraban en mayo de 2023 esperando un recurso residencial, según se ha podido rescatar del dossier del traslado de la Conselleria anterior a la nueva titular, Catalina Cirer (PP), al cual ha tenido acceso Ultima Hora. El departamento de Dependència del nuevo Govern no ha facilitado los datos actualizados.
Se puede estimar que la cifra podría ser similar o superior si nos fijamos en los datos que ha facilitado el IMAS: hay una media de entre 400 y 500 personas esperando entrar en cada una de sus residencias. A pesar de ello, son datos que van fluctuando mucho, teniendo en cuenta los traslados que piden los usuarios y las defunciones. Si bien es complicado sacar una media del tiempo que espera una persona para conseguir plaza, puede llegar, en algunos casos, a los tres años, según han detallado fuentes institucionales.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Govern, a fecha de febrero de 2024, ha resuelto 41.506 solicitudes. Del total, 29.288 personas disfrutan de una de las prestaciones. Cabe destacar que un beneficiario pueden percibir hasta 2,38 recursos a la vez.
Por otra parte, 4.450 personas beneficiarias de una prestación de dependencia esperan todavía una respuesta. La Direcció General de Dependència no esclarece qué porcentaje de estos solicitantes han pedido una residencia, pero sí que el tiempo medio de resolución de un expediente de valoración de grado de dependencia es de 143 días en Balears, por debajo de la media estatal.
Prestaciones
El 46 % de personas en la red pública de atención a la dependencia percibe una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar. Este tipo de ayuda sirve para paliar la espera de otro recurso, explicó el director general de Dependència, Pedro Codes. Esto vendría a significar que la mayoría de solicitantes con derecho a una ayuda no consigue el recurso que desean y, mientras esperan, cubren sus necesidades con una mensualidad económica. Solo el 6 % del total de prestaciones se da al servicio de atención residencial. Por otra parte, el 30 % perciben el recurso de teleasistencia; el 8 %, el servicio de promoción de la autonomía; un 4 %, la ayuda al domicilio; un 4 %, un centro de día o diurno, y un 2 %, otro tipo de prestación económicas vinculadas al servicio.
El Govern tiene convenios con residencias privadas ante la falta de plazas públicas, pero la prestación no es suficiente para asumir mensualidades que superan los 2.000 euros. Es el Real Decreto 675/2023 el que fija unas ayudas mensuales concretas: 313,50 euros por mes a personas dependientes de grado I y 747,25 euros en grado II y III.