Los ayuntamientos de las Islas recibieron un escrito con «sugerencias» por parte de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB) para que informen a los propietarios de que si empadronan a personas sin permiso de residencia en España se enfrentarán a infracciones graves que pueden oscilar entre los 501 euros y los 10.000 euros.
Según ha podido saber Ultima Hora, los propietarios interesados, una vez conozcan los riesgos, tendrán que firmar el documento –emitido por la Federación– en el que están de acuerdo con la información recibida y las sanciones. La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documentales de la Policía Nacional ha tomado esta decisión, acordada con la FELIB, para combatir las mafias que hay en torno al empadronamiento, después que los agentes desarticularan en Inca, hacen unos meses, a un grupo de personas que tramitaban las altas y facilitaban la tarjeta sanitaria a cambio de dinero.
El presidenta de la FELIB, Jaume Ferriol, es consciente de este tráfico de certificados que está afectando, principalmente, a las personas mayores «que permiten empadronarse en sus casa a cuidadores internos sin documentación regular y luego no les dan de baja». La Brigada de Extranjería detectó hasta 85 «inquilinos» empadronados en un mismo inmueble.
El documento que está en posesión de todos los consistorios va acorde con la ley de Extranjería y contradice a la norma del Padrón Municipal que «no hace ningún tipo de advertencia [al propietario] al llevar a cabo trámites de empadronamiento con solo mostrar su pasaporte».
Desde la Plataforma de la Inmigración en Baleares han recibido numerosas quejas por parte de los extranjeros de que tienen más complicado obtener el certificado. El empadronamiento, explica el presidente de la plataforma, Farouk Pino, «es un derecho y un deber, y ningún ayuntamiento puede poner trabas». La Red de Inclusión social-EAPN propuso una reunión a la FELIB para «sensibilizarles sobre este tema» y proponer que estas personas en situación irregular puedan empadronarse en el propio consistorio. La entidad reclama que acceder a la salud y a la educación es un derecho «universal» y solo se consigue con el certificado.
Desde la oposición también apoyan las propuestas de la Plataforma de la Inmigración y EAPN. También conocen las dificultades que tienen a la hora de pedir el documento y lamentan que parta de un «boicot de PP y Vox».