El ‘caso Puertos' se despeja. La magistrada instructora ha levantado el secreto de sumario sobre dos de las piezas que mantenía ocultas con el mismo resultado para ambas: no hay indicios de delito. Una de ellas se refería a la adjudicación de un edificio para locales y aparcamientos en Formentera y la otra, a una serie de concesiones de astilleros. Formaban parte de las denuncias iniciales del caso y, tras cuatro años de secreto, la magistrada señala que se han despejado las sospechas iniciales de delito.
En el caso de Formentera, la denuncia había partido de uno de los principales testigos del caso, el abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros, que también tiene un papel clave en la pieza que sigue abierta sobre Eivissa. Este testigo aludía a una supuesta adjudicación irregular a la concesionaria, Sovalgaray Maritima frente a la sociedad a la que él representaba. Acusaba al entonces presidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual; al vicepresidente, Miguel Puigserver y a la jefa de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll. El auto de la magistrada señala que los indicios previos «hacían presumir la posible existencia de un delito que debía esclarecerse». Sin embargo, señala que no hay indicios, «tras el arduo y complejo trabajo recogido en los informes de la Guardia Civil». De forma más tajante añade: «Ni mucho menos de la existencia de resoluciones injustas a sabiendas», toda vez que las resoluciones de la Autoritat Portuària sobre el puerto de Formentera fueron ratificadas más tarde por el TSJIB e incluso por dos sentencias del Supremo.
Sobre esta pieza, la magistrada da traslado a la Fiscalía Anticorrupción por si interesa alguna diligencia más antes de un posible archivo. Sí que adopta esa decisión de forma directa en la que se refiere a los astilleros, una vez que en ella se ha cumplido ese trámite de informe por parte del Ministerio Público.
La magistrada alude en su auto a la existencia inicial de «indicios de irregularidades en relación a la tramitación de varios procedimientos administrativos de concesión de dominio público vinculados a la actividad de astilleros en Palma». El auto señala que el «denominador común con los hechos objeto del procedimiento principal era la identidad de las personas indiciariamente responsables» y apunta, de nuevo a Gual y Puigserver. Sin embargo, otra vez «no se aprecian indicios suficientes para atribuir a los investigados la comisión de un concreto delito que justifique la continuación de la investigación». En este asunto, apunta al peso de declaraciones de testigos para cerrar el asunto.
Concluye: «Se concuerda con el Ministerio Fiscal que no hay indicios suficientes para continuar con el presente procedimiento». En esa pieza no había ninguna acusación particular.
El cas va començar, com sempre, amb un especulador-constructor madrileny (i canari) que es vol apropiar del port d'Eivissa per fer un "pelotazo" i li vol prendre al club nàutic tradicional que sempre ha duit la gestió, que no pot tenir afany de lucre . I després va fer xantatge demanant una compensació per retirar la denúncia. Com sempre, els insaciables voltors madrilenys que ho devoren tot. És una persecució judicial vergonyosa amb la complicitat de l'oligarquia madrilenya. L'únic delicte que hi ha aquí és el xantatge de l'empresa madrilenya I al Molinar, recordau que el club nàutic volia fer un port monstruós com el de Portals i per sort el varen aturar i han fet la meravella que és ara. Així que el Sr. Gual pot estar orgullós del port petit del Molinar i de la reforma històrica del Passeig Marítim amb el millor arquitecte que ho podia fer, el gran Elías Torres. Una herència que deixa a Palma per a uns quants segles...