La amplia documentación sobre el proceso de adjudicación de mascarillas que el Govern ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios –formada por 49 documentos administraivos y anexos, algunos de una páginas y otros de decenas– refleja que el expediente de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas caducó durante el proceso; que el IB-Salut, ya con la dirección del PP, dio por hecho que eran tres meses, que nunca se informó a la empresa de que se hubiera cambiado y que este plazo es el que llevó al juez de la Audiencia Nacional a indicar que el 18 de enero de este año (y no en abril, como todavía defendía ayer el PP y el Govern) «se produciría la caducidad del requerimiento administrativo y, por ende, de la reclamación de casi 3 millones de euros», concretamente 2,7.
Aunque con fecha del 19 de marzo de 2024 –cuando ya se hablaba de comisión investigadora y este asunto estaba en el foco político y el PP ya había pedido la cabeza política de Armengol– se firmó una diligencia por parte de una responsable de Contratación informando de que «se ha detectado un error» y que «donde se indica tres meses debe indicar ocho» (eso es dos días antes de comunicarse el desistimiento a la empresa y del inicio de otra reclamación), el Govern sigue sin dar por buena la caducidad. El Govern hizo pública una nota que desmentía lo que todos los medios de comunicación publicaban, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, dijo que el Ejecutivo desistió de la reclamación de 2,6 millones de euros porque «estaba abocada al fracaso» pero el expediente de reclamación «no ha caducado» y el portavoz del grupo parlamentario ‘popular', Sebastià Sagreras, afirmó que «todo eso forma parte de la estrategia del PSIB para desviar la atención». Según Sagreras, que no se moviera ningún papel entre noviembre de 2023 y marzo de este año es «porque estábamos en plazo y nada caducaba hasta abril».
Dos fechas
En el punto 7 de los ‘Hechos' descritos en el inicio del procedimiento se recoge la fecha del 6 de julio de 2023 (último día del anterior Govern) para la resolución parcial del contrato.
La dirección actual mantiene esta fecha en otro documento posterior y se indica que en agosto se inicio el procedimiento. El PSIB se reiteró este miércoles en la caducidad y afirmó que la decisión de desistir la tomó «sin informe jurídico» el director actual Javier Urena. «Esto es grave y lo que se refleja es que mintieron y para cubrir apariencias se improvisó una diligencia para cubrir la caducidad», indicaron desde este partido.
El equipo socialista que está cotejando la información ha llegado a la conclusión de que los tiempos coinciden con el auto judicial. Pero la polémica sigue.
MarBoschNo se puede explicar mejor, chapeau! Esto es lo que debería explicar Armengol en la comisión de investigación. A ver si en otras comunidades han hecho lo mismo...