Las últimas sentencias del Tribunal Supremo contra las restricciones al sector del Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), han envalentonado a la patronal estatal, que exige al Govern balear rectificar una normativa autonómica que «atenta contra nuestros derechos y contra el interés general de los usuarios».
José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC, señala que «la justicia nos está dando la razón» y que «todo esto sirve para que el Govern tome buena nota», a pesar de que la ley balear sigue inmersa en su propio proceso judicial y pendiente de ser validada o refutada por el Tribunal Constitucional.
El Supremo ha ratificado una sentencia previa que anulaba la obligación de contratar el servicio con un mínimo de 30 minutos de antelación. Se trata de una ratificación ya emitida previamente sobre una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dejaba sin efecto varios artículos del decreto vasco, entre ellos el de la contratación anticipada, la cual, considera el texto, «constituye una limitación muy notable para el ejercicio de esta actividad empresarial, que el cliente busca la prestación este tipo de servicios en el plazo más breve y por el precio más ventajoso posible».
Asimismo, esta misma semana el TS ha confirmado también la nulidad de varios artículos de la ordenanza municipal reguladora de las VTC aprobada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2020 y que considera discriminatorios, entre ellos la precontratación del servicio. Una sentencia en la línea de la emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Por lo pronto, el Govern no se siente interpelado por estos pronunciamientos del TS, los cuales «no suponen ninguna novedad» con respecto a los emitidos anteriormente por este mismo órgano judicial.
Así lo expresaba ayer la directora de Mobilitat del Govern, Lorena del Valle, quien recordaba que la normativa anulada en el País Vasco tenía rango de decreto, no de decreto ley como la balear, la cual en cualquier caso está a la espera de ser valorada por el Tribunal Constitucional (que, a diferencia del Supremo, sí puede pronunciarse sobre un texto con rango de ley). «No hay ninguna novedad: el decreto ley 1/2019 aprobado por el anterior Govern establecía la obligación de precontratar con 30 minutos de antelación y es una normativa pendiente de una sentencia del TC». La nueva ley del taxi que aprobó el Govern de Marga Prohens no ha hecho ningún cambio al respecto «porque ya se dijo que se esperaría al Constitucional».
Una valoración casi idéntica hace el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Gabriel Moragues. «Estas sentencias no afectan en nada a Baleares hasta que no se pronuncie el Constitucional, que no tiene por qué hacerlo en la misma línea que el Supremo». Además, Moragues afirma que, en cualquier caso, Uber «no ha respetado nunca los 30 minutos de antelación en la contratación del servicio» desde que llegó a Baleares el año pasado.
Desde Unauto-VTC, Berzal considera justo lo contrario: que estas sentencias generan jurisprudencia y reafirman y refuerzan la legitimidad de sus reivindicaciones. «Sí que deberían sentirse interpelados por pronunciamientos como estos: están a tiempo de rectificar sin tener que esperar a lo que diga el Constitucional».
Instauración en Baleares
El presidente de Unauto-VTC subraya que mantiene «la mano tendida» al Govern para llegar a un entendimiento, pero que solo pasará por una rectificación de la normativa actual. Berzal tendrá la oportunidad de volver a insistir sobre este punto en la reunión que mantendrá a mediados de mes con la Dirección General de Mobilitat. En ese encuentro, además, aprovechará para comunicar la instauración de la nueva delegación del sector en Mallorca. El objetivo es contar con representación en el Consell Balear de Transport y tener voz y voto en sus decisiones.
Por otro lado, Berzal afirma que el objetivo de Unauto y Feneval -la otra patronal estatal del sector- es defender los derechos de las VTC y de los usuarios, aunque matiza que «estamos en contra de que se produzca un crecimiento indiscriminado de las licencias en Baleares».