Con el caso de los gemelos de Barcelona asesinados el martes en El Prat de Llobregat, son ya 7 los niños y niñas asesinadas en lo que va de año por violencia machista a manos de sus progenitores. Se conoce también como violencia vicaria y es un tipo de violencia dirigida a dar donde más duele a las víctimas: haciendo daño a sus seres queridos. El objetivo del maltratador no es tanto asesinar a la mujer, sino infringir el mayor sufrimiento posible.
Es la versión más cruel de la lacra social de la violencia machista y, desde que en 2013 se comenzaron a contabilizar de manera oficial los casos, ha costado ya la vida a 57 menores. 57 niños y niñas asesinadas por sus padres o las parejas de sus madres en crímenes vicarios, siete de ellos sólo en lo que va de año, la cifra más alta de la serie histórica.
Desde el Colegio de Psicólogos de las Islas Baleares (COPIB) son contundentes: «siempre faltan medidas de protección». «Cuando suceden casos tan terribles como este se hace evidente la necesidad de revisar exhaustivamente las medidas existentes, identificar los fallos y poner soluciones», recuerdan desde el COPIB, pero, «desgraciadamente, la protección absoluta no existe porque estamos hablando de conductas humanas», añaden.
Aún así, o precisamente por eso, además de «revisar caso por caso» para identificar los fallos que se han producido en cada uno de ellos, aprender y corregir errores, los psicólogos creen que las medidas más importantes para prevenir casos similares pasan por la formación y la concienciación como herramientas fundamentales.
«Lo más importante es ofrecer una buena formación a todos los agentes implicados en la protección de las víctimas: jueces, abogados, policía…. Actualmente, la formación que se hace es muchas veces voluntaria y acuden profesionales que ya tienen un convencimiento y una sensibilidad. Tiene que ser una formación buena, continuada y que llegue a todos los estamentos, porque estamos hablando de vidas», explican. «Después, se tienen que evitar los discursos negacionistas y la banalización. Y para eso también es importantísima la formación y trabajar en las escuelas e institutos», insisten.
Reconocen, además, que a nivel legislativo se han producido importantes avances en los últimos años. Uno de los más destacados es el que trajo la ley de Infancia aprobada en 2021, que recoge la necesidad de suspender el régimen de visitas, e incluso retirar custodias, a los padres condenados por violencia machista o cuando una autoridad detecte indicios de maltrato. Pero la aplicación en los juzgados de este nuevo paradigma sigue siendo desigual e incluso minoritaria.
«Si se cumpliera, sería suficiente», lamenta el COPIB, preguntado por la eficacia de la norma. «Lo que sucede es que muchas veces no se percibe el peligro, no se cree en el discurso de una de las partes… Y volvemos otra vez a lo mismo, hay que tener una buena formación. A la hora de dictar una custodia compartida o un régimen de visitas, lo primero que hay que valorar, si estamos hablando de una persona maltratadora, es que se trata de un escenario muy peligroso y, ante la duda, la protección tiene que estar por delante», concluyen.