Hy veces que te llega el momento». Tras 36 años en la carrera fiscal, dos décadas en drogas y poner en marcha la Fiscalía de Medio Ambiente, Adrián Salazar, se ha convertido en teniente fiscal de Balears. «Cuando llegué aquí tenía posiblidades para ir a Madrid o otros cargos. Tengo bien claro que no querría irme de Mallorca por relaciones laborales, personales. Me gusta hacer juicios, pero lo normal es que el fiscal jefe no lo haga, aunque Julio Cano sí, así que la tenencia era la posibilidad. No se sabe si aciertas o no».
En su toma de posesión insistió en el problema de la falta de confianza en las instituciones.
Hay una preocupación evidente en todos. Hay un problema que arrastramos. Esa desconfianza es peligrosa, aunque se lo pueden haber ganado en algunos aspectos. Por ejemplo, se necesitan políticos, pero si hay un desprestigio, no tendremos a nadie que se quiera dedicar a ello y sea realmente capaz. Lo normal es que se caiga en la frustración o la apatía y eso es malo. Todas las instituciones tienen que estar sometidos a control y crítica, pero cuando hay una situación de crispación y se lleva a los extremos tiene un coste.
¿Eso se nota en el día a día de un fiscal?
Yo creo que sí, hay una percepción. Existe una apatía. La gente no quiere aplausos, pero tampoco que le den palos por hacer su trabajo. Es una situación un poco suicida, nos lo estamos cargando todo.
¿Fue un error que una ministra de Justicia fuera fiscal general del Estado?
No creo que especialmente fuera un error. Ha habido fiscales generales que han sido políticos y han sido buenos. Es importante preservar la independencia y que se elija gente con capacidad. El riesgo es que se elija a gente por su lealtad o afinidad ideológico. Recuerdo a Luciano Varela hablar del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Dijo: ‘El problema no es ese, el problema es que estamos en un ambiente en el que se va a la guerra y a la guerra no llevas juristas, llevas samurais'. Ese planteamiento, que es generalizado, deteriora gravísimamente.
Defiende una reforma para que los fiscales se ocupen de la instrucción penal, ¿por qué?
Que el fiscal lleve la instrucción es algo asumido por todos los modelos europeos y modernos, por todos los teóricos y juristas. El problema es cómo. Parece lo más razonable atendiento al principio acusatorio. Ha habido dos proyectos bastante avanzados y quedaron en agua de borrajas. Hay dos cosas que son una constante en 36 años que llevo en la carrera: la asunción de la instrucción y un pacto de estado por la Justicia.
Un imposible.
Ese es un problema, el consenso. Estuve de presidente de la asociación y todo el mundo defendía un pacto de estado para la justicia, que es una materia importantísima: Resuelve los conflictos de todas las personas, con nuestros cercanos, con las administraciones. Tendría que involucar todo el mundo. Si no se llega a poder elegir al CPGJ, ¿cómo se llegará a materias más importantes?
¿Qué ventajas tendría que los fiscales llevaran la instrucción?
El principio acusatorio lleva a que sea el fiscal que se ocupe de reunir las pruebas que considere necesarias e ir a juicio. La instrucción sería más corta y que el juez de garantías solo tuviera intervención en medias privativas de derecho daría mayores garantías para todos. En menores se trabaja así y funciona bastante bien.
¿Esas mayores garantías habrían evitado lo vivido con Penalva y Subirán en la instrucción del ‘caso Cursach'?
No lo se tampoco. No hay recetas milagrosas, los hechos se producen a veces. Hay acontecimientos que no dependen tanto de los procedimientos.
Se ha pasado dos décadas en drogas lidiando con los mismos personajes de Son Banya.
En muchos casos es habitual que la gente que se dedica al tráfico de drogas persista en la actividad toda la vida. Ni siquiera la cárcel rehabilita.
¿No ha habido evolución?
Cada vez hay más alijos. Se cogen más. Hay datos de que la cocaína está más barata de lo normal, lo que indica que ha aumentado la oferta. El problema de la droga es que produce unas plusvalías excepcionales. El delito que más dinero mueve es el tráfico de armas, pero no está al alcance de cualquiera. Con mil euros puedes comprar un kilo de coca en Perú. Mientras haya demanda, habrá oferta.
¿Faltan medios para combatir el narcotráfico?
Los medios tienen que evaluarse y dotarse. Se ha producido una situación alarmante en el Sur de España. Además de los problemas de salud pública, ese dinero ilícito es un factor corruptor de la sociedad. Partiendo de la base de que la mera represión no acabará con estos delitos hay otra visión simplista: legalizarlo. Desde ese discurso se ignora que, por ejemplo, el cannabis, tiene efectos muy graves y está asociados a trastornos psíquicos.
¿El ‘caso Kabul' fue un punto de inflexión?
La actuación de Policía Nacional y Guardia Civil ha mejorado mucho. Las investigaciones patrimoniales se han extendido. Kabul fue importante. Generalmente las defensas se centran en impugnar la validez de las intervenciones telefónica. Es importante blindarlas. Si no, toda la operación se va al traste. Son las reglas del juego. No todo vale aunque parezca que se pongan trabas a la investigación. Son cuestiones que nos protegen a todos.
Fue el primer fiscal de medio ambiente, ¿hay sí hay cambio?
Fue un avance muy importante. En Baleares no hay especiales industrias, el problema viene del desarrollo urbanístico descontrolado. La actuación penal tiene una función preventiva y ha sido útil. Sí se producían muchas infracciones en zonas rurales.
Ahora se planea una amnistía...
Es una cuestión evidentemente política. Es verdad que algo hay que hacer para regular una situación que no es deseable con ciertas viviendas.
Si el Estado no robara tanto a los negocios legales no habría tanto incentivo en dedicarse a estas actividades.