El PSIB asegura que la cifra de ventas de vehículos diésel y su progresivo hundimiento en los últimos años avala que prohibirlos a partir del año que viene fue una buena decisión, a pesar de que el Govern de Marga Prohens anunció hace poco más de un mes que no tiene la intención de cumplir la Ley balear de Cambio Climático.
La ley permite al Govern prohibir la entrada de este tipo de vehículos en las Islas a partir de enero del año que viene, es decir, en poco más de un año. Afectaba a todos los nuevos vehículos que se compraran a partir de entonces porque quedaba limitada su circulación en las Islas. La prohibición no debía tener efectos en los vehículos que ya circulan por Balears, si bien el parque debería ir disminuyendo progresivamente conforme se dieran de baja estos vehículos.
Para poder hacer todo esto, el Govern debía pedir autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y, a partir de entonces, elaborar un reglamento que determine la manera de establecer esas limitaciones de circulación, con las posibles exenciones en el caso de determinados vehículos especiales.
Sin embargo, no habrá limitación porque el Govern ya ha dicho que no lo pedirá. El diputados socialista Marc Pons cree que esta decisión va en contra de la realidad ciudadana e incluso de la realidad de los fabricantes de vehículos, que ya han puesto en cuarentena la fabricación de este tipo de coches.
Pons aporta los datos que, según dice, avalan que el anterior Govern iba en la buena dirección. En el año 2018 se alcanzó el número máximo de matriculaciones de coches diésel con un total de más de 50.000, según datos de los propios fabricantes. En esos momentos es cuando se puso en marcha la Ley balear de Cambio Climático, respaldada después por una ley similar que aprobó el Gobierno a pesar de una serie de problemas competenciales iniciales. El resultado es un auténtico hundimiento en la matriculación de vehículos diésel, al caer de esos 50.000 a apenas 10.000 en el mes de marzo de este año.
Pons también señala que ese desplome del diésel ha venido acompañado de un crecimiento exponencial de los vehículos hídricos. En 2018 se matriculaban unos 5.000 al mes y ahora son cerca de 50.000. El resultado es que la evolución de las ventas del diésel y los coches híbridos ha vivido un efecto tijera y se han cambiado los papeles en cuanto a preferencias de los ciudadanos. Con estas cifras, Pons defiende que el planteamiento que hizo el anterior Govern es el correcto y cree que el actual ejecutivo debería tomar nota porque incluso los propios fabricantes de vehículos lo han hecho.
Pons recuerda además que la Unión Europea también ha establecido el plazo del año 2035 para que no haya en circulación más vehículos de combustión, lo que implica tanto diésel como gasolina. Sin embargo, también defiende que Balears debería adelantarse y cumplir lo que establece la Ley de Cambio Climático de Balears, que fue pionera al adelantarse a lo que señala la Unión Europea.