Unos 90 funcionarios de Justicia se irán de Balears este mes de mayo y sólo vendrán cuatro. Este es el resultado del concurso de traslados. Los sindicatos expresan su preocupación por esta situación, ya que se repite cada año. El motivo es el elevado nivel de vida en las Islas, que hace que los empleados públicos tengan que trabajar para cubrir gastos y no pueden ahorrar. Juan Carlos Peña, delegado del sindicato STAJ en Baleares, destaca que, aproximadamente, el 90 % de los empleados públicos de las Islas se marchan cada vez que se hace un concurso de traslados y explica que el resto se quedan a la espera de conseguir una puntuación mejor que les permita elegir la ciudad que desean.
Javier Pérez, delegado de personal de Justicia de UGT en Baleares, recuerda que hace dos años hubo «una desbandada» y lo atribuye a la carestía de los precios del Archipiélago balear. A su modo de ver, el plus de insularidad es muy bajo, oscila entre los 75 y los 100 euros al mes; muy lejos de los más de 500 euros mensuales más los trienios dobles que perciben en Ceuta y Melilla. «Nuestro complemento de insularidad está totalmente desactualizado», recrimina. Por ello, pide que se desgrave en el IRPF, vía renta, un porcentaje del alquiler.
Ambos sindicatos subrayan que esto hace que el porcentaje de interinidad de la administración de Justicia en Baleares sea muy elevada. En función del momento, oscila entre el 35 % y el 50 %. Además, alertan de que la bolsa está agotada y no volverá a llenarse hasta dentro de seis o nueve meses. Mientras tanto, se recurrirá al SOIB, pero vendrá personal que no ha aprobado las oposiciones y, por tanto, menos cualificado.
El delegado del sindicato STAJ en Balears lamenta que en las Islas se forma a los funcionarios y de ese talento se benefician otras comunidades autónomas, ya que en cuanto tienen los puntos necesarios la gran mayoría (con la excepción de los propios isleños) piden el traslado para volver a sus lugares de origen. Además, destaca que no se trata de un problema exclusivo de Justicia, sino que se da en el resto de funcionarios del Estado: médicos, policías, guardias civiles, etc.
Por tanto, estos sindicatos instan a las administraciones competentes a tomar cartas en el asunto y a adoptar las medidas pertinentes para que las Islas sean un lugar atractivo para los trabajadores públicos del Estado.