Las autoridades están estudiando nuevas vías de control para poner coto al alquiler turístico ilegal, máxime en todas aquellas ofertas que no se comercializan por las vías tradicionales, casos que revisten mayores complicaciones.
En el Ejecutivo autonómico son conscientes de esta problemática y de la proliferación, por ejemplo, de muchas segundas residencias propiedad de ciudadanos extranjeros que son comercializadas por la vía directa a una cartera de clientes habituales y fidelizados –en muchas ocasiones bajo el discurso oficial de que se trata de amigos o familiares– y que escapan de los controles rutinarios. En especial, cuando las limitaciones en términos de personal dedicado a labores de inspección que padece la Administración son tan palmarias.
En todo caso, se subraya que no se trata ni mucho menos de una práctica nueva ni tampoco únicamente achacable a propietarios de nacionalidad extranjera, ya que también son numerosos los casos protagonizados por arrendadores locales.