Las idílicas vacaciones que Silvia y su amiga disfrutaron el pasado verano en las Pitiusas se han visto empañadas por una inesperada multa de 1.001 euros que, a juicio de la afectada, es de lo más injusta. Un año después de su viaje a las islas, esta catalana recibió este pasado miércoles una notificación de la Agencia Tributaria de Baleares. Si abona la sanción dentro de un plazo determinado, ésta se reducirá hasta los 600.60 euros.
La indignación de la joven es tal que tiene intención de recurrir la multa, a pesar de saber que los honorarios de un abogado pueden costar más. Según asegura a Periódico de Ibiza y Formentera, durante su viaje nadie les informó sobre la obligación de conseguir la autorización para entrar y circular por Formentera. Tampoco vieron ningún tipo de información en lugares estratégicos como el puerto de la Savina.
La joven disfrutaba de unos días de vacaciones en Ibiza cuando, tras alquilar un coche, decidió con su amiga ir a pasar el día a Formentera. Las afectadas entienden que, lógicamente, nadie de la empresa de alquiler de vehículos tenía la obligación de informar, pero sí consideran que a la hora de comprar los billetes, durante el trayecto, o nada más desembarcar, alguien debería haberles comentado que era necesario conseguir una autorización.
«No llegó la notificación de la multa ni nada. Directamente, la carta de Hacienda reclamando esa cantidad. La sorpresa fue máxima puesto que además no sabes qué has hecho mal y tuvimos que buscar información sobre el artículo que, se supone, se había incumplido. Igual la gente de Ibiza y Formentera conoce esa norma, pero uno está en Barcelona y es lógico no conocer toda la normativa local. ¿Cómo se entera la gente?», critica la familia de la joven que ha podido descubrir cómo en otras tantas ocasiones ha sucedido lo mismo.
«Esto nos lleva a pensar que existe mucha desinformación. Por lo que veo, no ha sido un caso aislado», señala a este rotativo la madre de la afectada.
Desde esta familia catalana lamentan también que, tal como se aplica, la medida «sólo tiene afán recaudatorio» y aseguran que nadie se arriesgaría a tener que pagar una elevada multa sabiendo que con 30 euros puede conseguir la autorización. No están en contra de proyectos como ‘formentera.eco', pero sí de la desinformación.
Goteo de casos
No es la primera vez que afectados por este tipo de multas ponen el grito en el cielo al considerar que han sido víctimas de una injusticia. El pasado mes de diciembre, responsables de una empresa de reparto de Ibiza no daban crédito al haber recibido también una multa de 1.001 euros por entrar en Formentera con su vehículo sin autorización.
En su caso, la sanción fue recibida más de 16 meses después. Desde la empresa aseguraron que ellos sí solicitaron en su día el permiso y pagaron la correspondiente tasa. «Fuimos a hacer un servicio allí porque había muchas maletas; sacamos nuestra autorización, pagamos la cuota y ya está. Embarcamos a las 17.00 horas y regresamos a las 19.00 horas. Había una autorización. De momento, este año hemos hecho lo mismo y no ha habido problema», relataron a Periódico de Ibiza y Formentera.
También otra vecina de Ibiza recibió entonces una notificación de una multa de 1.001 euros por entrar con su coche a la isla de Formentera sin el certificado. Los hechos tuvieron lugar en julio de 2022. Según aseguró, en ese momento desconocía que el Consell de Formentera regulaba la entrada de vehículos. También argumentó que nadie la avisó durante el trayecto o a la hora de comprar los billetes.
El Consell de Formentera regula la entrada de vehículos a la isla desde el año 2019 a través del proyecto ‘formentera eco'. Los residentes en Ibiza con coche o moto a su nombre tienen acceso gratis, pero antes deben pedir la autorización y rellenar todos los datos a través de esa web. En un plazo no superior a 24 o 48 horas, la persona recibe en su correo electrónico la autorización en papel, un documento que debe guardar.
Desde el Consell recordaron esta semana que a partir del 1 de junio utilizarán un sistema de videocámaras para el control del tráfico que detecta los vehículos que no se han registrado y que formula automáticamente la propuesta de sanción. Este sistema se complementa con la actuación de la Policía Local y de los controladores del servicio de estacionamiento regulado que observan constantemente las matrículas de los vehículos para evitar la circulación no permitida. En los casos de infracciones más graves, las multas pueden ascender a 10.000 euros.