El Govern ha decidido devolver un total de 7,5 millones de euros de fondos europeos para diversos proyectos por las dificultades para ejecutarlos. Desde la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació que dirige Antoni Costa se achaca estas dificultades a la «extrema rigidez» de las condiciones impuestas desde el Gobierno central, las cuales, critican, tampoco se adaptan a la realidad y las necesidades de Baleares. En esta coyuntura, el Govern ha optado por devolver los fondos antes de tener que añadir intereses.
Las ayudas se enmarcan en el Plan UNICO, programa del Gobierno para financiar el despliegue de infraestructuras de banda ancha a través de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Estos 7,5 millones cuya devolución ya ha sido firmada por el Govern se corresponden con tres de los cuatro proyectos contemplados en dicho plan.
Un total de 3,6 millones de euros son de un proyecto para dotar a los centros públicos de mayor conectividad a internet. Según el Govern, este proyecto resulta innecesario e incluso redundante en el caso del ámbito educativo, puesto que la comunidad ya cuenta con el plan Escoles connectades, destinado a fines análogos. En el caso de las instalaciones sanitarias, se considera que no se adecúa a sus necesidades, mientras que en el resto de centros públicos ya se emplean redes de operadores privados.
Asimismo, el interés suscitado entre los ayuntamientos ha sido muy bajo: solo ocho consistorios formularon solicitudes y cinco de ellos renunciaron posteriormente debido al ingente papeleo que requería tramitar la subvención.
En segundo lugar, se devolverán también 1,9 millones de euros de un proyecto del área de Industria y Empresas para el despliegue de infraestructura de banda ancha en polígonos, parques empresariales y parques tecnológicos. Desde el Govern se ha considerado que resulta imposible cumplir con los plazos impuestos. Además, tampoco las empresas han mostrado interés.
En tercer lugar, se devolverán dos millones de euros de un proyecto para instalar infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios de viviendas anteriores al año 2000. El problema con esta convocatoria ha sido que ha tenido una aceptación casi nula: entre 2022 y 2023 no se registraron solicitudes, por lo que el pasado mes de enero el Gobierno estatal decidió ampliar los plazos hasta el final de 2024. Además, se aumentó la cantidad (de 1,6 millones a 2 millones de euros) y se mejoró sensiblemente las condiciones de las ayudas, con las que ahora se podría financiar hasta el 100 % de la instalación cuando inicialmente solo se contemplaba un 70 %.
Sin embargo, el retraso en la modificación de los plazos complicó las cosas, ya que en un solo año no había tiempo material para que las juntas de vecinos valoraran el proyecto, se convocara la subvención y, finalmente, se procediera a su ejecución. El Govern califica esta convocatoria en concreto de «fracaso absoluto».
El director general de Estrategia Digital y Simplificación Administrativa, Francisco Cànovas, señala que «desde el Govern siempre hemos criticado que la extrema rigidez de las convocatorias no se adaptan a la realidad de Baleares» y especifica que desde los correspondientes ministerios «se han fijado unas condiciones muy limitadas».
A diferencia de los otros proyectos, el Govern ha decidido mantener el compromiso para impulsar el proyecto denominado Bono social, el cual ha sido concebido con el objetivo de ofrecer conectividad digital a personas en situación de vulnerabilidad económica. Esta actuación cuenta con una línea de financiación de 450.000 euros y, a juicio de la Conselleria, dispone de unas condiciones más favorables y acordes a las necesidades de la realidad de las Islas. Se considera sobre todo que las facilidades para dar cumplimiento al proyecto son, en definitiva, mucho mayores, puesto que se cuenta con un plazo de ejecución que llega hasta el mes de diciembre del próximo año.
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