El Govern se muestra «muy tranquilo» ante la amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar al Constitucional el Decreto de Simplificación Administrativa en el que se incluye la legalización en suelo rústico, entre otras medidas urbanísticas y económicas. El Ejecutivo autonómico recibió el aviso el pasado jueves, el mismo día que el ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, alertaba de «visos de inconstitucionalidad», y tras el primer análisis de los argumentos que da el Gobierno central, los responsables del decreto lo ven claro: «No tiene recorrido».
Si bien el Govern de Marga Prohens no tiene inconveniente a acudir a una reunión bilateral con el Ministerio, como es habitual en estos casos para resolver las controversias sobre leyes, el equipo de Govern defienden la constitucionalidad de su normativa.
«No aceptamos amenazas, aceptamos sentarnos en una mesa para negociar posibles inconstitucionalidades que haya, si las hay», manifestó el vicepresidente del Govern, Antoni Costa. Desde el viernes, los responsables de las diferentes áreas han estado analizando las objeciones y señalan que «no se cuestiona el fondo de ninguna de las medidas, tampoco de la legalización en rústico», y creen que los aspectos señalados «son subsanables» y que se podrá resolver la controversia y evitar el recurso al Constitucional «sin necesidad de cambios en el Decreto». Recuerdan que tras convalidar el Decreto se votó por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley.