El Defensor del Paciente ha solicitado por carta a la Fiscalía Superior de Baleares «su intervención e investigación» de la situación de colapso en los centros sanitarios de las Islas «sobre lo que consideramos de gravedad un delito de dejación de funciones» por parte de la administración «a sabiendas del daño que se provoca con las inacciones de los responsables», reza la misiva.
La petición no sólo se ha enviado al Archipiélago, también se ha hecho extensivo a las fiscalías de Andalucía, Madrid, Catalunya, Murcia y Comunidad Valenciana al considerar que la situación es similar en las comunidades más turísticas de España.
La denuncia se realiza por un lado por el «peligro para los ciudadanos que necesitan asistencia» en estas comunidades, y por otro «por la dejación de funciones, unida al abandono de la responsabilidad de estos Gobiernos, poniendo en grave riesgo la vida de las personas».
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, explica que la demanda se hace en base al Artículo 376 del Código Penal que expone: El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
«También lo llamaríamos abuso de poder», advierte Flores. «O delito de alevosía y abuso de superioridad, tipificados en el artículo 22 del Código Penal», añade. «Nuestra solicitud como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal», concluye.
Flores advierte de que este verano es más complicado que años anteriores e incide en que, en el caso de Baleares, se está cronificando la saturación de los servicios de Urgencias hospitalarios, en la misma línea en que lo denunció la semana pasada el Sindicato Médico; si bien también se hace eco de los problemas en las consultas de Enfermería de Atención Primaria donde, asegura, algunas cierran por falta de profesionales y sus pacientes se reparten entre los demás, aumentando la carga de trabajo.
«Hemos acudido a la Fiscalía Superior de Baleares por el problema de incremento de población de cada verano, al igual que pasa en una serie de comunidades turísticas, que hacen que empeore todavía más la asistencia», explica Carmen Flores.
Lo cierto es que en las Islas se han cerrado unas 160 camas hospitalarias por la falta del refuerzo de profesionales para poder atenderlas todas con seguridad y se ha seguido operando para reducir las listas de espera, lo que ha hecho que haya menos espacio para los pacientes de Urgencias.