El Gobierno abre otro choque judical con el Govern por el cierre de la Oficina Anticorrupción. Pedro Sánchez ha advertido a Marga Prohens de que la norma por la que se suprimió este organismo tiene visos de inconstitucionalidad. El Govern no solo está ya informado de esta advertencia sino que los dos ejecutivos han acordado abrir una ronde de negociaciones para resolver las diferencias sobre este asunto. El aviso llegó al pasado mes de junio y ha supuesto la creación de una Comisión Bilateral ante las sospechas de equipo de Pedro Sánchez de que el modo en el que se derogó este organismo y algunas aspectos de la ley que lo regulan pueden ser inconstitucionales.
El Gobierno central cree que hay elementos para dudar de la validez legal de varias disposiciones de la ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de Balears. Todas las medidas cuestionadas por el Gobierno hacen referencia a la decisión de suprimir la Oficina Anticorrupción. Se considera inconstitucional la propia liquidación de la Oficina y que el Govern se subrogue de los derechos y obligaciones de la entidad y se haga cargo de los bienes.
El personal
También se cuestiona la disposición de la normativa que dispone el cese del director de la Oficina a partir de la entrada en vigor de la ley, entres otras cuestiones porque el director fue elegido por el Parlament. El Gobierno tampoco está de acuerdo con que el personal funcionario deba pedir el reingreso activo en su administración de origen y con el resto de disposiciones relativas a cómo queda el personal de este ente ya extinguido.
El Gobierno tampoco cree que sea constitucional las resoluciones relativas a los expedientes que se estaban investigando, que pasaban a quedar bajo la custodia del Parlament o bajo la custodia del propio Govern a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la Comunitat. En definitiva, el Gobierno cuestiona todas las disposiciones relativas a la liquidación de esta Oficina y ha obligado al Govern a sentarse para negociar una modificación general al texto.
Este aviso legal, de una gran carga política para ambas administraciones, se conoce poco después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el encargado de las relaciones con las comunidades autónomas, haya señalado en Palma que la norma estrella de Marga Prohens, el decreto de simplificación administrativa que incluye la legalización en rústico, también tenga visos de inconstitucionalidad, «Nos tenemos que sentar a hablar», dijo Torres. El ministro precisó que, si el Govern de Prohens se niega, el Gobierno «arbitrará» la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lo que respecta al mecanismo para presentar un recurso.
El Govern rechazó de inmediato las «amenazas» del Gobierno central sobre la ley de simplificación administrativa. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, criticó al ministro por visitar Palma y advirtiera que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley balear de simplificación administrativa. «El ministro no tiene la facultad de decretar la inconstitucionalidad de un decreto ley del Govern, dijo Costa.