El president del Parlament lleva a los tribunales al Parlament. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma ha iniciado trámites para determinar si la bandera LGTBI puede ondear en la fachada del edificio, como sucedió este año. Lo llamativo de este caso es que el recurso contra esta decisión de la Mesa del Parlament lo presentó el president de la Mesa y del Parlament, Gabriel Le Senne, que ahora será el encargado de enviar todo el expediente a los tribunales.
El recurso contra la decisión de colgar la bandera LGTBI lo presenta Vox, pero también Le Senne a título individual. El Juzgado ha enviado una notificación al Parlament en la que le informa de que ha admitido a trámite el recurso de Vox y de Le Senne «contra el Parlament», según figura en el decreto del que ya se ha dado por enterada la Mesa de la Cámara.
Que pague el Parlament
En el decreto se requiere además al Parlament que envíe al órgano judicial los expedientes administrativos vinculados al recurso. El Parlament ya ha cumplido este trámite y ahora falta por saber cuál será la decisión final del Juzgado. En cualquier caso, en el recurso del president, se pide que las costas del proceso las pague el Parlament.
El propio Le Senne informó de la presentación de este recurso el mismo día que se colgó la bandera LGTBI, el 28 de junio de este año. Anunció que, además, iba a solicitar que se adoptaran medidas cautelarísimas para que el juzgado impidiera que la enseña ondeara en la fachada, pero lógicamente ya no es posible ya que la bandera estuvo colgada todo el día en el Parlament.
Gabriel Le Senne se basa en su recurso en diversas sentencias previas que giran sobre la idea central de que las instituciones públicas deben respetar el principio de neutralidad y objetividad, tal y como señaló el Tribunal Supremo en el año 2020 en una resolución sobre una cuestión similar.
Cuestiona la decisión de la Mesa, que adoptó por mayoría e acuerdo de colgar la bandera con el voto de los representantes de PP y PSIB. Señala que el hecho de que esta decisión se tomara de forma democrática «en modo alguno la hace conforme a derecho».
Afirma que en el «imaginario del ciudadano» se ha transmitido que la pancarta, bandera o insignia del arco iris corresponde a una «apropiación interesada» por parte de algunos partidos de la defensa del colectivo LGTBI «como si otros partidos no realizaran defensa de las personas integrantes del mismo», según Le Senne. Con este premisa, insiste en que esta identificación de la bandera con determinados partidos «rompe el principio de neutralidad y objetividad establecido para el uso de las edificios públicos.
Una clara ilegalidad
El recurso que presentó el president del Parlament defiende que la Cámara incurrió en una «clara ilegalidad» al colgar la bandera. y añadía que su mantenimiento en la fachada podría significar la «aceptación de impunidad de un acto ilegal en un edificio público».
El Parlament está ahora a la espera de la decisión del juez mientras en paralelo está en trámite otra denuncia, esta vez contra Le Senne, por el incidente con la imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. El president está siendo investigado por un delito de odio y ha sido citado a declarar el 27 de septiembre. Previamente, el día 3, deberá votarse la propuesta de la oposición para echar a Le Senne.