Los bancos y fondos buitre que operan en Baleares recibieron el año pasado multas que superaron los 17 millones de euros por saltarse la ley de vivienda. El Govern balear intensificó los controles durante el año pasado contra los grandes tenedores que intentaron burlar la ley con el intento de ventas fraudulentas de VPO. La mayor parte de las infracciones que cometieron estas millonarias entidades fue no informar al Ejecutivo de que ponían a la venta viviendas de protección oficial que había caído en sus manos.
Es una de las obligaciones que les marca la ley de vivienda aprobada en la anterior legislatura y el objetivo es que quien recibió ayudas públicas para poder comprar un piso no haga después negocio con él. Quienes quieran vender una vivienda de VPO deben notificarlo al Govern para que este pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto, es decir, el derecho de compra preferente a un precio tasado para que el inmueble pase a ser público de nuevo.
Fondos de inversión
Eso es lo que no hicieron 80 bancos o fondos de inversión. El año pasado no notificaron al Govern la venta de viviendas que tenían la consideración de VPO y, en consecuencia, trataron de hacer negocio con la venta de estos pisos. El resultado es que, tras varias inspecciones, fueron sancionadas con un total de 17 millones de euros. De los 80 infractores, 54 eran sociedades anónimas ligadas a bancos o fondos de inversión.
El director general d’Habitatge, José Francisco Reynés, detalla que, algunas de las sanciones que se impusieron el año pasado en materia de vivienda protegida se debieron a que los propietarios trataron de especular con su piso y venderlo a un precio por encima del máximo legal permitido. Hubo 63 sanciones en esta categoría que sumaron un total de 134.545 euros en multas a lo largo del año. En algunos casos se deben a anuncio de propietarios que alquilan sus viviendas por encima de lo que les permite la ley.
El director general d’Habitatge explica que otro tipo de infracciones que se detectaron el año pasado se debe al incumplimiento de la obligación de depositar las fianzas de los alquileres en el Ibavi. Los propietarios deben depositar este dinero para que quede a recaudo del Govern y después haya las garantías de devolución. Un total de 14 personas no lo hicieron y la consecuencia es que se les impuso una sanción global de 60.611 euros. Las sanciones globales sumaron 19 millones de euros para un total de 197 infracciones, una cifra que se sitúa muy por encima de los 501.034 euros que se impusieron en el año anterior.
Año atípico
Aunque el número se sanciones que se impusieron durante el pasado ejercicio es parecido al 2022, la realidad es que el importante de las multas fue muy superior en un año que la Conselleria de Territori define como «atípico». En 2023 hubo muchas más sanciones a grandes tenedores, que se enfrentan a multas mucho más elevadas, de ahí que el global del año pasado fuera muy superior al del año anterior.