El Govern revisará la incompatibilidad de los altos cargos con una nueva ley

El Govern trabaja en una ley de gobierno abierto, integridad y calidad de los servicios que prevé cambios en la normativa relativa a la incompatibilidad de los altos cargos. El Ejecutivo no detalla por ahora qué cambios concretos se abordarán en esta materia y de qué manera afectarán al actual régimen de incompatibilidades pero la nueva normativa revisará y actualizará la ley que se aprobó en el año 1996 impulsada por el entonces president, Cristòfol Soler, aunque se terminó aprobando en el Parlament meses después, cuando Jaume Matas ya ocupaba el Consolat de la Mar.

La norma que está elaborando la Conselleria de Presidència    prevé una actualización del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses. Una de las principales novedades que recogerá el texto es la redacción de un estatuto específico para los altos cargos del Ejecutivo, que abordará su régimen de incompatibilidades y otras cuestiones relacionadas con la ética de los altos cargos. Será la primera vez que se apruebe este estatuto específico para la presidenta, los consellers y los responsables de los entes dependientes de la Administración autonómica.

El Govern también prevé revisar y actualizar el marco sancionador para los altos cargos por el    incumplimiento de la normativa de buen gobierno, según figura en el texto que colgó el Govern en su Portal de Transparencia. El Govern informa en un comunicado que la ley abordará las materias de transparencia, participación ciudadana, integridad, rendición de cuentas, calidad de los servicios y evaluación de las políticas públicas. La propuesta es    unificar en un único texto legal una normativa que actualmente se encuentra dispersa en varias leyes autonómicas.

El Ejecutivo se obligará a sí mismo a publicar de forma periódica información relevante sobre las actividades, las decisiones y la gestión financiera de las instituciones para garantizar el acceso público a esta    información. Entre los objetivos de este texto también se persigue adaptarse a la normativa estatal en materia de transparencia que se aprobó durante el mandato de Mariano Rajoy, a finales del año 2013, ya que Balears es la única comunidad que no tiene una armonizada con este texto básico de cumplimiento obligado para las administraciones.

El Govern insiste en que el propósito de la nueva normativa es profundizar en la transparencia con nuevos indicadores que refuercen la rendición de cuentas de los órganos de la Administración. La ley también persigue que la propia administración establezca mecanismos para evaluar si sus políticas son eficaces. El Govern señala que es preciso aprobar una ley que recoja todos estos aspectos porque sería mucho más complicado ir modificando una a una todas las normas que están vigentes en estos momentos.

Añade, además, que como una de las propuestas es establecer un régimen sancionador específico    para alguna de estas materias, como es el caso del incumplimiento de medidas de trasparencia, debe hacerse por medio de una normativa con rango de ley. En el trámite de consulta, la Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General de Coordinació y Transparència mantendrá reuniones con diferentes administraciones y miembros de la sociedad civil, para garantizar que la norma sea lo más participativa e inclusiva posible.   

Para facilitar la participación en la elaboración del anteproyecto, el Govern ha habilitado un espacio específico en el Portal de Participación Ciudadana donde se informará de la evolución de todo el proceso y se podrá consultar la normativa comunitaria, estatal y de Baleares que actualmente regula las materias que abordará la futura ley. Además, para el trámite de consulta previa en concreto, el Govern indica que se han elaborado unos formularios con preguntas sobre cada área que servirán para orientar a la ciudadanía en sus aportaciones, sin que esto limite ni agote las oportunidades de participación y de propuesta de otros temas que quiera hacer la ciudadanía.