Los alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas en Artes Plásticas y Diseño solamente podrán utilizar su teléfono móvil en el centro en momentos puntuales previstos «expresamente» y con finalidades pedagógicas. Su uso quedará prohibido en el caso de los estudiantes de Infantil y Primaria durante la jornada escolar, los patios y las actividades complementarias. Así lo establecen las directrices que la Conselleria d’Educació ya ha enviado a todos los centros educativos para reducir su impacto nocivo.
El documento es de obligado cumplimiento en la enseñanza pública y voluntario en la concertada, a la espera de que entre en vigor una orden en los próximos meses. Se prevén excepciones sobre el uso del teléfono en los centros como, por ejemplo, un alumno diabético que tenga un dispositivo conectado a una aplicación del móvil. Lo mismo ocurrirá con enfermedades o motivos puntuales similares, señalan las mismas fuentes consultadas. También recomienda a los docentes que eviten usar sus móviles en clase y que si lo hacen sea con fines educativos, salvo circunstancias familias o personales.
Los alumnos a los que se les requise su móvil tengan que entregarlo apagado para evitar que el docente pueda tener acceso. Eso sí, se le podrá retirar en cualquier parte del centro y no solo en el despacho de dirección, como se había previsto inicialmente. Sin embargo, en el momento en que se le confisque, tendrá que haber, como mínimo, dos profesores presentes para mayor seguridad. Asimismo, el documento enviado indica que las comunicaciones entre el profesorado y los alumnos debe tener lugar durante la jornada escolar y no mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Las familias, además, no están obligadas a autorizar al centro que envíe a sus hijos alertas por correo electrónico o por móvil.
La Conselleria d’Educació decidió regular los móviles ante las peticiones de las familias organizadas y puso en marcha una instrucción que se ha ido consensuando con el sector. Esa iniciativa con medidas para controlar el uso del teléfono en los centros, sin embargo, iba a ser de aplicación voluntaria en lo centros concertados. Solamente los públicos iban a estar obligados a acatarlas. Por ello, la Conselleria decidió tramitar la regulación como una orden para que los concertados, financiados con dinero público, también tengan que cumplir con la regulación.
El conseller de Educació, Antoni Vera, también detalló que los 19 millones de euros sobrantes del plan de elección de lengua se usarán, concretamente para contratar docentes, psicólogos y topar el precio del comedor a 6,5 euros en los centros públicos.