El Consell Consultiu concluye que la compra de las mascarillas del 'caso Koldo' en Baleares fue nula. El órgano da luz verde a que el IB-Salut reclame los 3,7 millones de euros pagados y a la vía iniciada en marzo por el actual Govern tras desistir de la reclamación anterior. El dictamen del Consultiu ampara que se declare nulo todo el expediente, dado que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo incumplía con requisitos básicos para poder contratar con la administración pública y carecía de solvencia técnica.
La resolución considera nulo el contrato y apunta al acuerdo del cuatro de mayo de 2020 en el que el IB-Salut aprobaba la contratación por la vía de urgencia. El Consultiu considera que, aún con la normativa aprobada durante la pandemia para agilizar la compra de material sanitario, existen una serie de requisitos que las empresas debía cumplir. Apunta que Soluciones de Gestión no lo hacía al carecer de autorización administrativa para la venta de material sanitario ni haber acreditado su capacidad técnica ni antes ni después de la formalización del contrato.
Tras la apertura del expediente administrativo por parte del IB-Salut, la empresa se opuso a la nulidad. Alegaban que cualquier resolución debía quedar en suspenso al menos hasta que se resolvieran las investigaciones penales por posible corrupción que llevan a cabo la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. Tanto el Govern como el Consultiu entienden que no es así porque la nulidad que se intenta aplicar no depende de la existencia de un delito o no, sino de requisitos administrativos. La empresa también protestó por las consecuencias de la nulidad: devolver el dinero a cambio de que le entreguen de vuelta las mascarillas, más de un millón. Justifican que ya no tienen valor alguno puesto que han caducado.
El Consultiu deriva ese debate a un momento posterior, a un procedimiento de liquidación cuando se haya anulado el contrato. Otro de los puntos que aborda el dictamen es el acta de conformidad con la entrega que firmó el IB-Salut y que fue la base por la que los actuales responsables desistieron de la reclamación anterior por incumplimiento del contrato porque las mascarillas no cumplían los requisitos para ser FPP2 y solo servían como quirúrgicas. Al respecto, el dictamen considera que ese acta no afecta a la invalidez del contrato que sería previa puesto que nunca se habría podido contratar con Soluciones de Gestión.
El dictamen cuenta con un voto particular firmado por los consejeros Antoni Diéguez y Maria Ballester. Sostienen que se trató de un contrato verbal que se formalizó en abril del 2020 y que las causas de nulidad que alega el Govern no se sostienen puesto que la empresa solo habría necesitado una autorización para comercializar luego las mascarillas. También apunta a que el acta de conformidad no puede ser anulada sin más y apunta como vía para reclamar los fondos la nulidad por el defecto en las mascarilla, que fue a la que renunció el Govern.
Una vez ha tenido el aval mayoritario del Consultiu, el IB-Salut puede culminar el expediente y declarar la nulidad del contrato. La empresa, a su vez podría llevar esa decisión a los tribunales.
Barmengol les tenia emmagatzemades, però va correr per pagar-les molt cares a la koldosfera i va tenir un passotisme espantós a l'hora de reclamar després de molt temps de saber que no servien per l'us pel que les havia adquirides el seu Govern. Dimissió ja!!