Un pacto que está ya casi cerrado llevará la próxima semana a la primera condena por corrupción contra cargos del PSIB. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Comunitat y las defensas han ultimado un acuerdo para zanjar el ‘caso Multimedia’ con condenas menores que no implicarán el ingreso efectivo en prisión de los principales acusados, entre ellos dos antiguos directores generales del Govern: Antoni Manchado y José Antonio Santos. El primero llego a ser senador por designación autonómica.
El acuerdo, fraguado en las últimas semanas tras un intento fallido el año pasado, pasa por importantes rebajas en las condenas que se justifica por la devolución de buena parte de los 400.000 euros supuestamente defraudados. Los encausados también se aprovechan del enorme retraso acumulado por la causa, que estalló en 2014 y se refería a hechos ocurridos entre los años 2008 y 2010. Con ese retraso y la devolución de los fondos, los acusados obtienen al menos dos atenuantes. A esto se suma un ajuste de la acusación por parte de la Fiscalía que, inicialmente reclamaba una pena de 17 años de cárcel para los once acusados sin establecer ningún tipo de discriminación entre ellos. La acusación del Govern, más matizada, elevaba las principales peticiones de prisión hasta los ocho años, como en el caso de Manchado. Con el pacto, las penas quedarán establecidas por debajo del año de prisión y podrán ser suspendidas tras la devolución de los fondos.
Multimedia fue una empresa pública que dependía de las Consellerias de Presidencia y de Economía. Las acusaciones coinciden en que fue empleada de forma sistemática para beneficiar a afines con la adjudicación de contratos menores o negociados sin publicidad. Se contrataban estudios que en algunos casos eran plagios, trabajos presentados para otros departamentos o documentos inútiles para la administración. Uno de los beneficiados fue el exconcejal socialista de Calvià, Francisco Cano, también acusado por Fiscalía y Abogacía de la Comunitat y dentro del acuerdo.
La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el juicio por el ‘caso Multimedia’ a partir del martes de la próxima semana y, salvo desmarque de último momento, quedará zanjado en ese mismo acto tras el pacto, que evita cualquier decisión por parte del tribunal.
Los acusados admitirán que emplearon las direcciones generales de Tecnología y de Coordinación para concertar contratos que «conculcaron los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de concurrencia y el principio de igualdad de oportunidades». Entre esos proyectos estaba la puesta en marcha de medidas de apoyo para los ayuntamientos de la Isla para la puesta en marcha de la televisión digital terrestre. Inicialmente, la Fiscalía calificaba lo ocurrido como delitos de delitos delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, malversación, tráfico de influencias y falsedades en documentos oficiales y mercantiles. De todos ellos, el acuerdo descarta la mayoría y se centra en fraude y malversación.
Y que dice su hija ? Silvia cano..no la oigo