La tasa de pobreza infantil en Baleares es del 33,3% y dentro de este porcentaje, un 6,7% vive en hogares en situación de carencia material y social severa; lo que se traduce en casi 16.000 menores (15.700) que no cuentan con una vivienda segura y digna. Además, el 18,1% de las familias con menores a cargo se retrasa en el pago de gastos relacionados con la vivienda y un 8,4% en los gastos hipotecarios o de alquiler. Una cifra que se dispara hasta el 22,6% entre las familias monoparentales y el 23,8% en las numerosas.
Estos son algunos de los datos que ha compartido la presidenta del Comité de UNICEF en Baleares, Valentina Milano, este viernes durante unas jornadas celebradas en el Parlament para abordar la situación de la vivienda, la pobreza y los derechos de la infancia a nivel autonómico y estatal. Bajo el nombre 'Infancia y familias: una aproximación a su situación de acceso y permanencia a la vivienda en Baleares', Milano; el director de la entidad Espiral, Xavier Torrens; y Marta González, educadora social de Provivienda han ofrecido una radiografía de la cuestión.
«La comunidad autónoma presenta unos niveles muy dispares», ha puntualizado Milano. Por ejemplo, mientras que a nivel nacional un 9,7% de familias con niños tienen sobrecargo de gastos, en el caso balear la cifra aumenta hasta el 14%. Asimismo, «la relación de la cuota hipotecaria mensual y el coste salarial es del 39,7%, cuando el Banco de España recomienda que no debe superar el 30%», ha recordado y ha añadido que «la situación es más grave en Baleares que en España en general».
Las dificultades para acceder y permanecer en una vivienda digna para las familias con menores traen consigo graves consecuencias. «Las familias temen la cuenta atrás, el no saber cuándo dejarán de tener un techo provoca desestabilidad emocional a los niños, fracaso escolar, aislamiento y falta de arraigo», ha explicado González. En el caso de Provivienda, hay un perfil claro: «La mayoría de las familias que atendemos son monomarentales. Mujeres que son madres y con precariedad laboral», ha expuesto.
Por su parte, Torrens, ha añadido que también hay que tener en cuenta que muchas son de otras nacionalidad o desplazadas y que la situación de vulnerabilidad en la que están afecta a la alimentación de los niños: «Uno de los niños que atendemos venía con media hamburguesa como merienda y al preguntarle a su madre nos dijo que esa semana su turno de uso de la cocina coincidía con su trabajo y no había podido cocinar». Aunque a veces los niños viven hacinados con los demás miembros de su unidad familiar, otros directamente se encuentran en situación de privación severa de vivienda, en concreto un 3,6%.
En cuanto a los factores que provocan esta realidad, los tres expertos coinciden: la alta presión turística del mercado, la escasa oferta habitacional a la que se puede acceder, las restricciones a la hora de entrar en una vivienda como tener niños, mascotas o incluso bicicletas, ser migrante o tener un único sueldo, entre otros. «Mi sensación es que estamos vulnerando los derechos de la infancia porque no los podemos garantizar», ha lamentado Torrens. «Tenemos que actuar y alcanzar consensos. Hay que impulsar la vivienda de protección oficial. En Baleares el porcentaje es del 2,1%. Es bajísimo si lo comparamos con otras comunidades, como por ejemplo Navarra que es del 15%», ha señalado Milano.
Según esta última, este bajo porcentaje se agrava aún más porque hay «muchísima» vivienda en uso turístico, además de otras tantas que son segundas residencias o están vacías: «Una situación especialmente aguda en las Islas», ha asegurado. Y es que, casi el 30% de las viviendas del archipiélago no son principales, que en números se traduce en 200.000 viviendas.
A la hora de enumerar medidas, también hay consenso; ambos tres señalan la importancia de poner el foco en la infancia, «lo cual no se refleja en las leyes actuales», así como prestar «especial atención» en colectivos vulnerables, entre ellos las familias con niños en situación de vulnerabilidad; garantizar la permanencia en hogares apropiados, ampliar la oferta habitacional, y potenciar programas de mediación y arbitraje para evitar la salida de la vivienda cuando es por motivos de las condiciones de los contratos de alquiler.
¿Qué clase de padres sacrifican a sus hijos para dar de comer a otros de fuera? Eso es lo que hacen nuestros políticos, están sacrificando al pueblo español, niños ancianos y otros…para alimentar su “buenismo” y asegurarse votos.