Las estafas informáticas se vuelven contra los bancos. El incremento de fraudes y suplantaciones se traslada de las denuncias penales a las reclamaciones judiciales contra las entidades bancarias. Cada vez más clientes optan por presentar demandas contra sus bancos después de haber visto sus cuentas saqueadas como vía más ágil para intentar recuperar el dinero.
La enorme dificultad para identificar y llevar a juicio a los autores de los fraudes es la que, en parte, provoca el aumento de las reclamaciones a los bancos. La jurisprudencia además es favorable a los clientes y responsabiliza casi de forma automática a la entidad de la que ha salido el dinero. Los bancos están obligados a garantizar la seguridad de los medios de pago que utilizan y la jurisprudencia les hace responsables de las estafas salvo que puedan demostrar la existencia de una negligencia muy grave por parte del consumidor. «No cumplida por la entidad la carga de justificar que la operación fuera autorizada por el cliente o la negligencia de éste en la custodia de sus claves, debe estimarse la demanda», señala en este sentido una sentencia de la Audiencia Provincial. Ese fallo obligaba a restituir 6.000 euros a un hombre al que unos hackers dieron de alta en Apple Pay sin su conocimiento.
Tampoco basta con una simple negligencia para exculpar a la entidad. En otro caso, la Audiencia también condenó al banco a pesar de que la clienta afectada por un phising ignoró varios mensajes de alerta de la entidad y tardó unos minutos en llamar par bloquear el pago. El tribunal valoró que «para una persona no experta, no es fácil detectar que el mensaje recibido es fraudulento o que la web a la que ha accedido a través del enlace facilitado es falsa».
En otro caso, la víctima sufrió el clonado de su teléfono móvil hasta el punto que los hackers accedieron hasta a las respuestas para las preguntas de seguridad que permitían el acceso a sus claves móviles. En este caso también se responsabilizó a la entidad bancaria y no a la operadora telefónica.
La persecución penal de este tipo de delitos es casi siempre inútil. El cerebro suele estar a miles de kilómetros del lugar del delito. Quien paga el pato es el ‘mulero’: una persona que cede su cuenta corriente en España para recibir la primera transferencia ilegal. Los fondos apenas están unos minutos en esa cuenta y terminan en pocos minutos en manos de la mafia. Así, el imputado apenas ha hecho más que poner el número de cuenta y es complicado que tenga capacidad económica para responder del delito. También los criterios para condenarlos se han endurecido en los últimos meses. Así que se apunta al banco.
El apunte
Aumento constante de la ciberdelincuencia
Los ciberataques han aumentado de forma constante con los ‘phising’ a través de SMS o de correo electrónico como las formas más frecuentes. El otro timo en boga, el ‘man in the middle’, más frecuente en empresas, pasa por suplantar el número de cuenta al que se facturan pagos para desviar los fondos. Como prevención, las entidades han multiplicado en los últimos meses el número de avisos y alertas para intentar que sus clientes no caigan en estafas y, a la vez, los delicuentes cada vez refinan más los cebos.