Arranca el juicio por un fraude fiscal unido al ‘caso Scala’ 18 años después

La derivada del ‘caso Scala’ que sienta a tres antiguos condenados por la trama del Cola Cao en el banquillo de los acusados, arrancó ayer en un juzgado de Palma. La defensas lo hicieron con la petición de que todo quede anulado por prescripción. El juicio aborda un posible delito fiscal cometido en el año 2006. Mientras se producía el saqueo de más de ocho millones del consorcio público CDEIB, varias de las empresas que giraban facturas falsas a la administración para desviar esos fondos, a su vez, cruzaban pagos ficticios entre ellas para evitar el pago de impuestos por conseguir desgravarse el IVA, según descubrió la Agencia Tributaria.

Las defensas consideran que esos hechos prescribieron antes de que se iniciara la investigación en un juzgado de Inca. Sostienen que las acusaciones fijan los impuestos defraudados en 2006 y que no entraron en un juzgado hasta 2011, más allá del plazo de cinco años que marcaría la extinción del delito. La Abogacía del Estado discrepa de ese criterio y quieren continuar con el juicio. Considera que un auto del juzgado rompe ese plazo porque identifica plenamente a los denunciados a partir de un informe de la Agencia Tributaria. La Fiscalía también pide continuar con las sesiones aunque admite que esa resolución judicial genera dudas sobre su alcance.

El segundo planteamiento de las defensas es que los mismos hechos ya formaron parte del ‘caso Scala’. En aquellas sesiones se sentaron en el banquillo de tres de los ahora acusados: la pareja de Antónia Ordinas, la soprano Isabel Rosselló; el exconcejal del PP en Lloseta y primo político de Jaume Matas, Felip Ferré y el empresario Joan Rosselló. Los tres asumieron condenas en 2013, la más grave la de Ferré, que cumplió más de tres años de cárcel. Entre esos delitos estaba uno por el que también se les acusa ahora: falsedad documental. Las defensas sostienen que las facturas falsas ya se juzgaron en el ‘caso Scala’ y que, por lo tanto, los tres encausados no pueden responder dos veces penalmente por los mismos hechos. De nuevo, la Abogacía del Estado niega se aborde lo mismo en los dos juicios: sostiene, al igual que Fiscalía, que no son las mismas facturas ni el mismo móvil.

Según la acusación, mientras que en Scala las facturas falsas entre las empresas de la trama buscaban justificar contratos con la administración autonómica, en este caso, se trataba de simular trabajos falsos entre las empresas que permitieron que una de ellas defraudara más de 300.000 euros al fisco.