Un total de 4.366 familias están en estos momentos en lista de espera para alquilar un piso propiedad del Ibavi, según los últimos datos actualizados. El Govern tiene ocupados en la actualidad los 2.362 pisos de su propiedad que gestiona, por lo que esas casi 4.500 familias están a la espera de que se vacíe alguno de los inmuebles para tener una oportunidad de alquiler barato. Sin embargo, la realidad es que siempre llega algún nuevo demandante que se adelanta en la lista porque sus condiciones son más precarias.
La lista de esas 4.366 familias se ajusta ahora a la realidad de la demanda porque el número de solicitantes llegó a acercarse a los 10.000 en la anterior legislatura. El anterior Ejecutivo inició un proceso de depuración de las listas para eliminar duplicidades, ya que varios miembros de una misma familia podían presentar una solicitud y, además, se inscribían a la vez en municipios diferentes. El Govern ya sabe ahora el alcance real de la demanda de vivienda pública, que esas esas más de 4.000 familias.
Las razones que explican esa alta demanda hay que buscarlas en las condiciones que se plantean a los demandantes: el precio medio del alquiler de las viviendas del Ibavi varía en función de muchos factores, pero ronda los 8 o 10 euros por metro, lo que supone pagar entre 640 y 800 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados. Además, los inquilinos pueden ver rebajado ese precio en función de sus ingresos ya que no pueden destinar al alquiler más de 30 % de los que ingresan.
El problema es que el Govern solo dispone de 2.362 pisos de su propiedad, una milésima parte de las 625.123 viviendas que hay en Balears, es decir, tan solo el 0,3 % de todas los inmuebles que hay construidos en el Archipiélago. En los últimos años, la construcción de vivienda pública por parte del Govern ha sido casi inexistente y apenas comenzó timidamente en la anterior legislatura, pero durante años se han construido pisos con ayudas públicas que han terminado en el mercado privado porque quienes los compraron gracias a las ayudas hicieron un inmenso negocio al venderlo 30 años después en el mercado libre, una vez finalizadas las limitaciones que marca la ley.
Hasta el año 2018 no se establecieron limitaciones. Ese año se aprobó la Ley de Vivienda y se estableció que las VPO conservarán esa calificación para siempre y nunca podrá venderse a precio de mercado. Sin embargo, desde el año 1979, cuando se aprobó el primer expediente, un total de 27.546 pisos de Balears que se construyeron con ayudas públicas se habrán vendido a precio de mercado una vez pasado ese periodo de 30 años que marcaba la ley anterior.