La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) ha instado a los propietarios y gestores de viviendas vacacionales y pisos turísticos a cumplir con la legislación vigente y aplicar el convenio de hostelería en el pago de salarios a las camareras de pisos y al personal de jardinería y limpieza.
La organización sindical ha denunciado que muchas de estas propiedades incurren en un «fraude» a la Seguridad Social al contratar empresas que abonan sueldos por debajo de lo estipulado, aplicando convenios menos favorables como el de limpieza de edificios y locales.
Según UGT, el personal que limpia y mantiene estas propiedades recibe salarios notablemente inferiores al de sus homólogos en establecimientos hoteleros, con diferencias que pueden alcanzar entre 640 y 704 euros brutos al mes. Mientras que una camarera de pisos de un hotel de una estrella percibe un salario bruto de 2.026 euros mensuales, las trabajadoras en viviendas turísticas suelen recibir únicamente el salario mínimo o incluso menos, lo que genera competencia desleal y afecta negativamente tanto a las trabajadoras como a las arcas de la Seguridad Social.
La federación ha puesto en marcha una campaña para que las limpiadoras de las más de 30.000 viviendas turísticas registradas en Baleares reclamen estas diferencias salariales y de cotización ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje.
Además, UGT ha solicitado a la asociación de alquiler turístico Habtur que fomente entre sus miembros el cumplimiento de las normativas laborales y participe en la negociación del próximo convenio de hostelería en 2025. «Es necesario que se reconozca la actividad turística de estas viviendas y se remunere adecuadamente a quienes trabajan en ellas, equiparando sus condiciones laborales a las del sector hotelero», subrayó UGT.
La disolución de un sindicato por falta de transparencia plantea muchas preguntas sobre el papel de estas organizaciones y la confianza que la sociedad deposita en ellas. Los sindicatos nacen para defender los derechos de los trabajadores, pero cuando el manejo de sus fondos resulta opaco, se genera desconfianza, tanto en sus afiliados como en la sociedad en general. Imaginemos un sindicato que, pese a recibir fondos públicos y aportaciones de sus miembros, no justifica adecuadamente su uso. En un caso así, ¿no sería lógico cuestionar su continuidad y, eventualmente, exigir que devuelva esos recursos al Estado? Más allá del acto de disolución, el verdadero tema es la responsabilidad y la transparencia en el uso del dinero, que debería traducirse en beneficios concretos para sus afiliados. Cuando una organización, creada para representar y proteger a los trabajadores, pierde su rumbo y la confianza de aquellos a quienes sirve, quizás sea momento de replantear su existencia. Un sindicato sin transparencia no sólo falla a sus afiliados, sino que también afecta la credibilidad de todos aquellos que buscan defender los derechos laborales de forma honesta.