La ley de simplificación administrativa, que el Parlament aprobará el martes, ya no incluirá las facilidades para construir en zonas inundables en casos excepcionales que sí contemplaba la primera redacción. Entre lo que recogía la primera versión y la que se votará en el pleno media una catástrofe que ha provocado más de 200 muertes por las inundaciones de Valencia.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha dicho este viernes que «habrá modificaciones» y que el objetivo es «dar las máximas garantías de seguridad y prevención», aunque sin entrar en el fondo del asunto pues continúan las negociaciones. De hecho, estas seguirán hasta el mismo martes que es cuando se votará el dictamen del decreto de medidas de simplificación administrativa que, ese día, se convertirá en ley.
Es una negociación global en la que participan todos los grupos además del propio Ejecutivo, pues la mecánica parlamentaria obliga a que ningún grupo se oponga a introducir ningún cambio cuando un texto que se tiene que votar está en una fase tan avanzada. Para que el cambio sea posible, también Vox tendrá que aceptarlo –lo vote o no luego– y parece dispuesto a ello pese a sus proclamas negando el cambio cilmático.
El PSIB plantea cuatro de las modificaciones para cerrar legalmente el paso a construir en zonas de riesgo por inundaciones, pero en su mayoría son unos coincidentes con los de otros grupos, y el Govern está dispuesto a aceptar un nuevo texto. El PSIB es el único que mantiene lo que en el argot parlamentario se llama ‘enmienda viva’ y eso será lo que permita redactar el nuevo artículo (o secuencia de artículos) donde quedará claro que no se construirá en zonas inundables.
Un trabajo de todos los grupos
Si no hay nada que tuerza de aquí al martes la negociación que está totalmente encaminada, se volverá, e incluso mejorará, a la normativa que el Govern quería cambiar –en aras de la simplificación administrativa, según la filosofía de la nueva norma– y se prohibirá, sin excepciones, suelo urbanizable en zonas inundables para cualquier edificación. Sus terrenos no podrán ser declarados urbanizables, tampoco para agilizar viviendas ni equipamientos.
La prohibición y esa es la novedad, también se extenderá a las industrias. Este añadido, el referido a las industrias y equipamientos públicos, es –según se ha informado a este diario– una iniciativa del propio Govern. Hay una gran disposición a cerrar un acuerdo, se informa desde todas las partes de la negociación.
Desde el Govern se recuerda que fue la propia presidenta Prohens quien ya yo dejó claro el martes que estaba dispuesta a considerar todas las posibilidades y que, incluso, reclamó la colaboración de todos los grupos para aprobar una ley de seguridad pública que agilizará los operativos para prevenir hechos como los de Valencia o lo que ya vivió Mallorca, especialmente Sant Llorenç, en octubre de 2018.
Desde Més per Mallorca se incide en que su coordinador, Lluís Apesteguia, planteó una «reflexión» a corto, medio y largo plazo y que indicó que no quería «colgarse medallas» ni «reprochar nada».
También desde el PSIB se traslada la necesidad de buscar acuerdos. Desde el jueves ha habido una intensa negociación entre partidos. Ese día llegó dictamen de la ley y empezaron a perfilarse cambios. El diputado Iago Negueruela y la diputada Mercedes Garrido, han estado revisando diversas posibilidades y han puesto sobre la mesa las propuestas de su partido partiendo de la enmienda viva.
«Antes de que pase una cosa así uno no tiene tanta conciencia de que esto pueda suceder», dijo el portavoz del Govern tras las reunión del Ejecutivo en la que no hubo –en relación a este asunto– reproches a los grupos de la oposición.
Costa, preguntado expresamente por este asunto, sí se refirió a cómo se había gestionado la DANA en la Comunidad Velenciana, gobernada también por el PP. Lo que dijo Costa fue los siguiente: . «Ahora lo prioritario es atender a las víctimas y reconstruir los municipios y las infraestructuras afectadas. Llegará el momento que quien tenga que asumir responsabilidades las asuma». No citó expresamente al presidente valenciano, Carlos Mazón.
La ley de simplificación administrativa, la que se aprobará el martes, va más allá del urbanismo y modifica decenas de normas y leyes. Pero el acuerdo inminente entre los grupos sólo afecta a lo referido a las inundables. En el resto de asuntos , siguen las diferencias.