El Govern destinará diez millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la lucha contra la oferta ilegal de alquiler turístico. Un dinero que los consells insulares, las autoridades competentes en esta materia, utilizarán para ampliar la plantilla de inspectores y mejorar los medios tecnológicos a su disposición. El uso de la ecotasa para combatir la oferta ilegal es una de las grandes novedades del programa presentado hoy por la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, después de que la Comisión del ITS votara en asamblea repartir un total de 377 millones de euros entre 79 proyectos. Se trata de una «primera fase» de la estrategia prevista para utilizar la ecotasa en la lucha contra «una de las grandes lacras que tenemos», de manera que la idea es ir ampliando las aportaciones económicas en futuras convocatorias.
Según han explicado el conseller, Jaume Bauzà, y el director general de Turismo, Josep Aloy, esta cuantía se plurianualiza al integrar parte de la recaudación prevista de 2024 a 2028 con la intención de «poder atender el máximo de proyectos». Los proyectos medioambientales y relativos al ciclo del agua constituyen el bloque que acapara la mayor parte de los fondos: 34 proyectos que suman 247 millones de euros, más del 65 % del total. Dos de cada tres euros, destaca el Govern, irán a parar a estas partidas. Gran parte de estos proyectos se centrará en mejoras de la gestión del suministro de agua, incluidas actuaciones para la detección y subsanación de las fugas de agua en las redes de suministro municipales.
El resto de partidas se ha distribuido como sigue: 67 millones de euros dedicados a 23 planes de desestacionalización (que incluyen 19 de las subcategorías de calidad turística y de turismo sostenible); 29,8 millones para 12 proyectos de patrimonio histórico y cultural; seis millones de euros para dos proyectos de investigación y desarrollo; 1,46 millones para un proyecto de formación y 25 millones de euros para siete proyectos de turismo responsable. Es este último bloque el que incluye los diez millones de euros contra la oferta ilegal; los otros 15 millones irán destinados a tareas de seguridad y concienciación en tres de los cuatro municipios afectados por el Decreto de Turismo Responsable: Palma, Calvià y Sant Antoni de Portmany (Llucmajor no presentó proyecto).
La votación ha contado con un único voto en contra por parte del GOB, tres abstenciones -Consell de Menorca, CAEB y UGT- y el resto de votos a favor. La institución insular y la patronal empresarial han explicado que han decidido abstenerse al considerar que la isla de Menorca salía perjudicada en el reparto de inversiones.