La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y los portavoces de la oposición han mostrado este martes en el Parlament su buena voluntad para negociar sobre la prohibición de construir en zonas inundables de Baleares, si bien han evidenciado en el pleno sus diferencias. Todos los partidos han acordado posponer el debate que tenía que tener lugar este mismo martes sobre la ley de simplificación administrativa del Govern, con el propósito de llegar a un acuerdo urbanístico sobre el tema de las zonas inundables de Baleares.
El portavoz de PSIB-PSOE, Iago Neguerela, ha pedido a la presidenta que «ponga fecha, día y a hora y no wasaps» para iniciar esta negociación y que, además de a la oposición, también «escuche» y convoque a los técnicos y a los científicos, que son los que realmente conocen esta problemática. Prohens ha pedido «capacidad de ceder a unos y a otros» con el fin de llegar a un consenso final y ha defendido que la negociación debe ser «seria y discreta» y no responder en ningún caso a la intención de obtener un rédito político de un asunto tan delicado como es la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha preguntado varias veces a la presidenta «a quién beneficia» que se legalicen las casas rústicas ilegales construidas en zonas inundables y ha augurado que la futura ley de simplificación administrativa será «nepal contra el medioambiente».
En otro momento del pleno, la presidenta balear ha asegurado que reflexionará «lo que haga falta» sobre la legalización de viviendas construidas ilegalmente en zonas inundables, pero no permitirá «las mentiras, la demagogia y el uso de los muertos» en la Comunidad Valenciana durante la DANA «para hacer política».
Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en la que ha recordado que «por encima del decreto ley de simplificación administrativa, ha habido, hay y habrá un plan hidrológico, así como también unos planes territoriales de cada Isla que definen muy bien que se puede hacer y que no en cada una de ellas».
Por este motivo, ha asegurado que no entrará en una batalla que, según ha dicho, considera «un error» y se mantendrá centrada en llevar a cabo «actuaciones de prevención», porque «el problema grande son las viviendas ya construidas en zonas inundables». Un tema frente al cual, para solventarlo, «este Govern ha presentado» a la izquierda «una propuesta en la disposición adicional séptima». Una propuesta a la que se espera que den respuesta y digan «qué quieren hacer con estas personas», ha subrayado la dirigente autonómica.