El Govern liderado por la ‘popular’ Marga Prohens recuperará una norma aprobada en tiempos del expresidente Gabriel Cañellas (PP) que permitirá legalizar edificaciones construidas en suelo rústico sin licencia o sin adaptarse a las normativas existentes, si han transcurrido ocho años desde su finalización.
El anuncio realizado por la presidenta y rodeado de polémica invita a echar la vista atrás en busca de las mayores aberraciones urbanísticas construidas en el suelo rústico de Baleares. La demolición de alguna de ellas, como la del Hotel Monnàber en el Puig Major o los apartamentos de Cala Lamp en Ses Covetes, han quedado en la memoria colectiva.
Otras construcciones edificadas sobre suelo protegido, como cuadras, viviendas y hasta campus deportivos, han conseguido en cambio, con gobiernos de derechas pero también de izquierdas, la ansiada legalización.
Hotel Monnàber
Si ha habido un derribo simbólico que ha quedado grabado en la memoria colectiva es el del Hotel Monnàber. Las obras de construcción comenzaron en pleno boom turístico (en el año 1962) y nunca se llegaron a completar. La gran estructura de bloques de hormigón está considerada como una de las mayores aberraciones urbanísticas que se han construido en la Serra de Tramuntana, hoy Patrimonio de la Humanidad. Para cuando se ejecutó su demolición en el año 2000, ya no era solo un mamotreto que afeaba las vistas del paisaje, sino también un serio problema de seguridad por el deplorable estado que presentaba el inmueble.
La empresa catalana Pasquina fue la encargada de ejecutar el derribo que precisó 53 kilos de «goma dos». En apenas unos segundos el hotel más impactante de Tramuntana quedó pulverizado. La entonces presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar (UM) fue la encargada de pulsar el detonador. Las obras de demolición costaron 186.000 euros (31 millones de las antiguas pesetas).
Cala Llamp
Trece años después de que el Hotel Monnàber se convirtiera en polvo y escombros, varias palas excavadores ejecutaron la demolición de 68 apartamentos ilegales construidos en ses Covetes (Campos) en la primera línea de mar. Los trabajos arrancaron el 1 de abril de 2013 y se prolongaron varias semanas. El caso está considerado como una de las mayores victorias ecologistas en la Isla de Mallorca. De hecho 20 miembros del GOB y del PSM se jugaron su patrimonio personal en esta lucha que duró 18 años. La justicia les exigió un aval de 120.000 euros (20 millones de las antiguas pesetas) antes de ordenar la paralización de las obras de construcción.
Los apartamentos de ses Covetes se construyeron con la pertinente licencia municipal. El Ajuntament de Campos consideraba que los terrenos eran urbanos y que por lo tanto el proyecto solo debía dejar una franja libre de arena de 20 metros para garantizar el derecho de acceso al mar. El GOB y el PSM, en cambio, alertaron desde el principio del impacto visual y paisajístico del complejo, edificado sobre lo que ellos consideraban suelo rústico.
El tiempo y los tribunales acabaron dando la razón a los conservacionistas, pero para entonces la estructura de los apartamentos ya estaba levantada. La licencia municipal fue declarada nula y los 13 edificios (con 68 apartamentos) quedaron congelados a la espera de una sentencia firme que llegó en el año 2010. Ni siquiera entonces el Ajuntament de Campos quiso asumir su error y el derribo de los apartamentos aún tardó tres años más en llegar. El Consistorio fue condenado a pagar todas las costas judiciales aunque finalmente el Govern le ayudó a pagar el 75 % del importe de la las obras de derribo y reacondicionamiento del terreno, valoradas en 340.000 euros
Pudo salir aún más caro. La última sentencia de Ses Covetes es relativamente reciente. En abril de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears desestimó las pretensiones de los promotores de obtener 11 millones de euros del Ajuntament como compensación económica por la urbanización fallida.
«Desde el año 1992, cuando el Ajuntament de Campos otorgó la licencia de construcción de los 68 apartamentos, hasta la última sentencia de 2022, se puso de manifiesto la complicidad entre el Consistorio campaneter y los promotores del complejo. De hecho el Ajuntament impugnó todas las resoluciones judiciales que se produjeron y debió gastar cerca de un millón de euros en defensa de estos apartamentos», recuerda el histórico ecologista Miquel Àngel March, uno de los 20 que avalaron con su patrimonio la batalla judicial.
«Pocas veces se puede personalizar el éxito de una campaña. Normalmente son actuaciones colectivas, especialmente cuando como en este caso se alargan en el tiempo. El caso de Ses Covetes en cambio sí que lo hemos personalizado. La dilatada actuación jurídica implicó la dedicación, constancia y competencia del equipo jurídico encabezado por Agustí Cerveró. Desde el primer minuto y hasta la última actuación, su diligencia fue clave para alcanzar finalmente el éxito», asevera
Actualmente, encontramos aún en Mallorca otros fiascos urbanísticos pendientes de demolición: El de los apartamentos Montport y el de los apartamentos de Cala Llamp, ambos ubicados en el municipio de Andratx.
Son la herencia que dejó el llamado ‘Caso Andratx’ que se cerró tras una década de pleitos con una treintena de condenas. El escándalo estalló en noviembre de 2006 (ahora se cumplen exactamente 18 años) con la detención del entonces alcalde Eugenio Hidalgo y del entonces director general del Territori Jaume Massot.
De aquellos polvos, estos lodos, dice la sabiduría popular. Solo el tiempo dirá si las 97 viviendas distribuidas en 16 bloques de pisos edificadas en el suelo protegido de Monport y los 12 apartamentos ilegales construidos en suelo protegido de Cala Llamp (ambos con licencia urbanística) llegarán algún día a convertirse en polvo.