Dos años de prisión y la devolución de los 8.000 euros. Esta es la condena que aceptará el funcionario interino del Ajuntament de Palma que fue arrestado en verano de 2022 por quedarse con dinero de las multas. El varón estuvo durante casi año y medio en una de las oficinas que tiene Cort para cobrar las sanciones. La Fiscalía le aprecia el atenuante de reparación del daño, ya que ha reingresado la cantidad económica de la que se apoderó y la de ludopatía.
Los hechos se remontan a principios de 2021. Tal y como sostiene la acusación pública, el procesado, ejecutando un plan preconcebido, hacía creer a las personas que acudían a pagar infracciones por ocupación y realización de actividades no permitidas en la vía pública que podían pagarlas si le abonaban en el acto un importe en efectivo sensiblemente inferior.
Así, cuando recibía en dinero procedía, en la mayoría de los casos, a anular las sanciones en el sistema informático, al que tenía acceso por el puesto que ocupaba. El Ajuntament de Palma tuvo que asumir el desfase por la cantidad de la que se apropió el acusado, que para reparar el daño causado consignó judicialmente 8.000 euros el pasado mes de marzo.
Además de los dos años de prisión, a los que deberá dar el visto bueno el ex trabajador público en el acto de la vista, se le inhabilitará para trabajar en Cort.