El GOB ha decidido salir del Pacte per la Sostenibilitat, impulsado por el Govern, «por las políticas regresivas que practica el Ejecutivo autonómico». En opinión del grupo ecologista, «las medidas incorporadas por la vía de la Llei de Simplificació Administrativa provocan que este supuesto proceso de participación ciudadana se convierta en una simple operación de blanqueo. Exigimos al Govern de Marga Prohens que elimine aspectos como la regularización de construcciones ilegales en suelo rústico o la posibilidad de construir en zonas de riesgo».
La presidenta del GOB, Margalida Ramis, destaca que «la apuesta del Govern por las políticas regresivas hace que los debates que promueve sean estériles. Hasta ahora, hemos participado en las mesas donde hemos sido convocados y se han aportado propuestas, pero las decisiones de las últimas semanas por parte del PP, con la aprobación de medidas que nos hacen retroceder 40 años en desprotección ambiental, nos obligan a salir».
Los ecologistas señalan que «algunos contenidos que el Govern ha introducido a la mal llamada Llei de Simplificació Administrativa hipotecan los posibles resultados del Pacte per la Sostenibilitat. En concreto, exigimos que se eliminen de la ley tres preceptos concretos: la legalización de edificios ilegales en rústico, porque implica la mayor operación especulativa nunca hecha y premia a los infractores en detrimento de la gente que ha hecho las cosas bien; la posibilidad de construir en zonas de riesgo de inundación, incendio, erosión o deslizamiento de tierras, poniendo los negocios por delante de la vida de las personas; y la posibilidad de construir en zonas protegidas por la Llei d’Espais Naturals. En unas islas tan presionadas por el turismo, con recursos que se agotan -como el agua- o espacios que están saturados durante muchos meses, al menos las zonas más reconocidas por su valor natural tienen que quedar restringidas de operaciones urbanísticas».
Además, el GOB asume los motivos por los que el Fòrum de la Societat Civil, del que forma parte, decidió suspender su participación y también la argumentación expuesta por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.