La tensión inmobiliaria en Baleares se traslada a los juzgados. Las Islas son la comunidad autónoma en la que, en relación al número de habitantes, más personas son desahuciadas de sus viviendas como consecuencia de impagos de alquiler. Casi dos familias al día tuvieron que abandonar las viviendas en las que residían como consecuencia de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos: un total de 183 durante el tercer trimestre de este año. Eso hace que sean 14,8 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, la comunidad autónoma en la que esta cifra es más alta de largo: Siguen Catalunya, con 12,8; Canarias, con 11,8 y la comunitat Valenciana, con 9,2.
El número de desahucios que se han llevado a cabo de manera efectiva, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, ha crecido un 20 por ciento en los últimos tres meses en las Islas. En paralelo, Baleares también fue la autonomía en la que la tasa de demandas para recuperar viviendas ocupadas fue más elevada. 2,5 por cada cien mil habitantes para un total de 31, un incremento de un 60 por ciento aunque se trata de un procedimiento muy limitado, al que no pueden acceder entidades financieras y que también deja fuera a los propietarios particulares que acuden a la vía penal para intentar recuperar inmuebles usurpados.
El incremento de las demandas de desahucio por impagos de alquileres estuvo acompañada en el pasado trimestre de un aumento también de las demandas de ejecución hipotecaria. Hasta hace unos meses, los impagos del crédito por parte de propietarios estaban en mínimos de la serie histórico en unos datos que el Consejo comenzó a recopilar durante la crisis de hace quince años. Entre julio y octubre prácticamente se duplicaron y pasaron a ser 110 las demandas presentadas, si bien todavía no se plasman en lanzamientos efectivos. Apenas fueron una treintena los que se ejecutaron por ese motivo. En total, el número de lanzamientos fue de 227, un 20,7 por ciento más que el mismo trimestre de 2023.
Los datos del Consejo muestran también un incremento, arrastrado en los últimos trimestres de la conflictividad por despidos, que plantearon 824 nuevos casos en los juzgados de lo Social, frente a los poco más de 500 un año antes. Descienden de forma leve las demandas interpuestas para reclamar impagos respecto a las instadas durante el primer semestre del año aunque siguen más elevadas de lo normal en las series.
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