La Sindicatura de Comptes alerta de la existencia de grave riesgo de fraude, deficiencias generales y descontrol total en la gestión y en la comprobación de los 865 millones de euros en ayudas que recibieron los empresarios de las Islas durante la pandemia. El órgano de fiscalización de las cuentas de los organismos públicos entregó el pasado viernes un demoledor informe al Parlament en el que alerta del importante riesgo de fraude y en el que además avisa de que, si el Govern no actúa con celeridad, miles de expedientes irregulares habrán caducado y ya no habrá manera de exigir la devolución de las cuantías cobradas de manera indebida.
La Sindicatura detalla que el Govern solo ha revisado hasta la fecha unos 2.000 expedientes de los más de 10.560 que debe controlar y en muchos de ellos ha detectado irregularidades. «Dados los términos de la liquidación de la subvención y dada la escasez de medios, eso comporta un riesgo de fraude significativo de algunos beneficiarios», detalla el informe.
La mayor parte de las observaciones que realiza la Sindicatura tienen que ver con la falta de justificación de los empresarios para percibir las subvenciones. Precisa que, a pesar de que el plazo para la presentación de esta documentación es de 15 días, en algunos casos el retraso en aportar la documentación supera el año.
La Sindicatura cree que esta circunstancia es un «agravio comparativo» con respecto a otros procedimientos donde solo se les da esos 15 días y abunda en que este retraso facilita que algunos reciban subvenciones que no les correspondían. También alerta de lo que ha sucedido con algunos expedientes que recibieron ayudas superiores a los 60.000 euros. Todos ellos debían incorporar un informe de auditoría que avalaba que la petición era correcta pero algunos de ellos, a pesar de haber sido supuestamente auditados, presentan graves deficiencias.
El informe señala que algunas de las ayudas que concedió el Govern sirvieron para compensar deudas entre sociedades diferentes del mismo empresario y también se cometieron abusos porque algún empresario solicitó ayudas diferentes para cada uno de los establecimientos de una misma sociedad. También se ha comprobado que algunas ayudas que se concedieron a las empresas acabaron poco después en la cuenta de los administradores. El informe pone un ejemplo que ilustra la realidad de los hechos: señala que, de 723 expedientes revisados por la Administración, en 371 de ellos se han dictado resoluciones de devolución del dinero. Eso supone más de la mitad de todo lo que se revisa.
La Sindicatura también menciona en su informe la diferencia que hubo entre el número de ayudas que se dieron en Balears y las que se dieron en otras comunidades. Afirma que hay un «contraste significativo» entre las Islas y otras comunidades. Menciona que en Balears hubo 10.560 beneficiarios de 13.253 solicitudes (casi el 80 %), que se repartieron la totalidad del dinero asignado: 865 millones. En el caso de la Comunitat Valenciana se concedieron ayudas a 16.278 de los 30.648 solicitantes (los que representa un 53,11 %) por un total de 312 millones de los 647 consignados. El documento concluye que el anterior Govern siempre mostró su voluntad de asignar todos los recursos consignados y opina que eso explica las «carencias» detectadas en el informe de fiscalización e lo que se refiere a los «mecanismos de control interno».
objetivo realNo vulguis enganar a la gent. Una cosa és un autònom, classe treballadora, i l'altra són empreses que fan ingenyeria fiscal i s'aprofiten de les normes injustes que toleren el ppsoevox. No són el mateix i ho hauries de saber. Autònoms, també ho haurieu de saber