Marga Prohens salva la ley que abre la puerta a la construcción de 4.000 nuevas viviendas en Baleares. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó un aviso de inconstitucionalidad que amenazó con abortar las propuestas recogidas en una de las leyes estrella del nuevo Govern, la de emergencia habitacional, pero los dos gobiernos han resuelto las discrepancias tras un proceso de negociación. El Gobierno no formalizará finalmente su amenaza de recurso ante el Tribunal Constitucional.
El texto, que ya está en vigor porque se aprobó por la vía del decreto, incluye medidas como la posibilidad de levantar más alturas en los edificios, dividir viviendas de gran tamaño para conseguir dos viviendas donde antes había una o la reconversión de locales comerciales en pisos.
La ley creaba también la figura de viviendas a precio limitado y el programa ‘Construir para Alquilar’, que implica la cesión de suelo público para la construcción de vivienda protegida en colaboración con los ayuntamientos. En su conjunto, estas medidas permitían sacar al mercado unas 4.000 nuevas viviendas de las que ya están en proceso administrativo unas 2.400 gracias a convenios firmados entre el Govern y varios ayuntamientos para la cesión de suelo.
No bastaba con una ley
Todas estas posibilidades quedaron en el aire tras la amenaza de impugnación del Gobierno. El Ministerio apreciaba una posible inconstitucionalidad en el hecho de que el Govern aprobara estas medidas por medio de una ley de emergencia. En opinión del Gobierno, medidas de esa naturaleza no pueden decidirse por ley, sino que deben quedar incluidas antes en el planeamiento urbanístico municipal de cada ayuntamiento.
Este aviso tumbaba en la práctica el decreto y la viabilidad de las medidas ya que complicaba mucho el procedimiento para aprobar soluciones de emergencia, que de esta manera se hubieran dilatado en el tiempo por el complicado proceso administrativo de estas modificaciones de planeamiento.
Para salvar esta cuestión, la más determinante, durante el proceso de negociación el Govern justificó la necesidad de estas medidas por la vía legislativa para darle mucha más agilidad. Explicó que la propia ley contempla mecanismos que compensan la cesión de los incrementos de aprovechamiento a la administración, de acuerdo con la norma básica estatal de suelo, otro de los puntos esgrimidos por el Gobierno para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional y dejar sin efecto todas estas medidas.
La ley estatal de suelo obliga a que en los casos que se realicen cambios de uso, incrementos en el número de viviendas o aumentos de edificabilidad haya una cesión a la Administración para compensar estos incrementos de aprovechamiento urbanístico ya sea a través de la cesión de nuevo suelo adyacente -algo que era imposible con estas medidas- o a través del pago de una cantidad en metálico al ayuntamiento correspondiente al 0,5% del precio máximo de venta de las nuevas viviendas.
Por lo que se refiere a otra de las discrepancias, el Govern se compromete a incorporar una modificación técnica en la vigente Ley de Urbanismo de Baleares para justificar la posibilidad de que los ayuntamientos cambien el uso del suelo destinado a equipamientos con el fin de que se construyan viviendas. También se acuerda que estos nuevos usos residenciales del municipio se deberán incorporar en el planeamiento urbanístico, cuando se tramite la primera modificación de forma posterior a la actuación.
Elecciones ya!!! Y tendremos laposibilidad de que el pueblo elija si queremos que " la pareja ppera siga manipulando Mallorca como un cortijo privado.