Un fallo en el Servei de Salut desencadenó la muerte de un paciente: fue dado de alta de urgencias el mismo día de su muerte y entonces no se detectó un grave problema intestinal que provocó el deceso apenas doce meses después. La familia del fallecido reclama más de 400.000 euros al seguro del IB-Salut y el Consell Consultiu admite que el retraso de veinte horas en el diagnóstico provocó una «pérdida de oportunidad» que debe ser compensada aunque en una menor cuantía. La indemnización final la determinará la Conselleria de Salut y, en caso de desacuerdo, un juzgado de lo Contencioso Administrativo.
El paciente acudió de madrugada a urgencias de Son Espases por un fuerte dolor abdominal. Tenía antecedentes por enfermedades graves. Fue atendido y examinado. También se llevaron a cabo varios análisis, pero una mejora en los síntomas llevó a que se descartara una patología grave urgente al no encontrar síntomas de alarma.
Por la noche del mismo día regresó a urgencias. Esta vez se observó una posible obstrucción intestinal y se le llevó a cabo un TAC, prueba que confirmó ese diagnóstico. Las horas siguientes fueron frenéticas. El paciente fue operado hasta en tres ocasiones sin que su estado llegara a mejorar. De hecho, la tercera cirugía se abandonó al dar por hecho que el deceso era ya inevitable.
Los informes médicos de la inspección y de los servicios de la empresa aseguradora consideraron que la actuación fue correcta incluso durante la primera visita del paciente al servicio de urgencias. Sin embargo ahí es donde puso problemas los peritos que aportó la familia. Sostienen que debió haberse practicado el TAC en esa primera ocasión y que, de esa manera, aún se podría haber actuado para evitar la muerte del paciente. La demanda de los familiares considera adecuada la intervención posterior y la movilización de medios que se llevó a cabo para intentar salvar al hombre a la desesperada.
El dictamen del Consell Consultiu dentro del procedimiento de reclamación administrativa abre la puerta a compensar a la familia. Valora la existencia de dudas que después de la primera visita no se practicara un TAC abdominal que sí se hizo en la segunda «cuando la situación ya era prácticamente irreversible».
Así, aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad. Valora que el retraso en el diagnóstico disminuyó las opciones de éxito del tratamiento y que esa situación «merece ser indemnizada» pero no en toda la cuantía que reclama la familia sino con una reducción «en función del grado de probabilidad o la incertidumbre de si otra actuación médica podría haber evitado el daño». Ahí es donde tiene en cuenta además el historial problemático del paciente, que había sido trasplantado, de manera que estima que le corresponden diez mil euros a la esposa y a los tres hijos mayores de edad y 15.000 al menor de edad. El informe, en ningún caso cierra las posibilidades de reclamar de la familia hasta que se agote el procedimiento administrativo.
BURNEEl comentario más inteligente que he leído. Gracias BURNE para explicarlo tan claramente!