La oposición bloquea el blindaje de la exención del catalán en la sanidad y que los interinos tengan cuatro años más para obtener la certificación de esta lengua. PSIB y Més se han opuesto a debatir una propuesta de transacción para incorporar estas exenciones en el proyecto de ley de polígonos y la medida ni siquiera se ha debatido ni votado. Por lo tanto, el Govern deberá buscar otros mecanismos para incorporar estas medidas, algo que ya ha anunciado que hará. Desde la Conselleria de Presidència insisten en que la excención del catalán en la sanidad es una prioridad para el Govern y que, por lo tanto, lo intentará en otras leyes.
«No podemos tolerar ningún ataque a la lengua catalana ni que se vulneren nuestros derechos», ha anunciado el diputado de Més Ferran Rosa, que ya bloqueó esta propuesta la semana pasada. Rosa ha descartado la posibilidad de que la medida se vote en comisión cuando toque. Ha recordado que, al ser una transacción, se requiere la unanimidad tanto en ponencia, como en comisión y en el pleno. Ha recordado que hay sentencias del Constitucional que señalan que este tipo de transacciones pueden vulnerar derechos constitucionales de los diputados.
Con respecto a la posibilidad de que el Govern presente estas enmiendas en otra ley, como la que debe prohibir las macrogranjas, Mes ha lanzado un aviso. «Si el PP quiere pactar con Vox contra el catalán en la ley de macrogranjas, no saldrá adelante», ha advertido Rosa. «Que ni lo intente», ha insistido el diputado de Més, que ha recordado a Ejecutivo que solo cuenta con los votos de su partido para sacar adelante este proyecto.
La intención del Govern era que los interinos que sacaron plaza en el proceso de estabilización y que en dos años no han logrado el título de catalán tengan una prórroga de otros cuatro años para hacerlo. Se trata de interinos que accedieron a algún departamento del Govern sin que en su momentos se les exigiera este requisito y a quienes el anterior Ejecutivo les dio un plazo de dos años para sacarse el título si conseguían plaza.
El plazo ya ha finalizado y el Govern está ahora revisando si los 1.000 funcionarios que estaban en esta situación han cumplido o no la exigencia del catalán. Mientras tanto, a la espera de conocer los datos, quería darles otros cuatro años de margen para que obtengan la titulación que se exige a sus compañeros. Por el momento, la popuesta no ha salido adelante.