Recurren ante el Constitucional la ley balear que amnistía las obras ilegales en rústico

Entidades sociales y partidos políticos han formado un frente común que presentará este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la Llei de Simplificació Administrativa, aprobada por el Govern del PP.

Representantes de estas entidades y partidos han explicado este miércoles el contenido del recurso contra «uno de los ataques más graves contra el suelo rústico, con una degradación ambiental sin precedentes», en palabras de Margalida Ramis, del GOB Mallorca. Para Miquel Camps, del GOB Menorca, «la ley supone la mayor operación especulativa nunca vista en Baleares por la revalorización económica de las construcciones legalizadas, además de lanzar el terrible mensaje de que las ilegalidades tienen premio».

Mercedes Garrido, del PSIB, ha abordado el contenido jurídico del recurso «ante este ataque sin precedentes al territorio. Por un lado, recurrimos contra el silencio positivo para favorecer las legalizaciones. Hay jurisprudencia contra el silencio positivo, que en todo caso debería ser negativo. Por otro lado, la ley es una amnistía urbanística en toda regla que no está justificada ni es proporcional. Es arbitraria y no es la solución menos gravosa para las ilegalidades en suelo rústico. Consideramos que la ley es también inconstitucional por ir contra el principio de no regresión ambiental, incumpliendo normativas estatales y europeas, y contra el principal de libertad de empresa, al beneficiar sólo a unos cuantos. Tenemos la razón jurídica, pero también la razón moral y ética».

Lluís Apesteguia ha destacado «la perversión de los procesos legislativos y de los sistemas garantistas. Inicialmente, fue un decreto elaborado expresamente para saltarse la ley, falto de rigor y solidez jurídica, pero la tramitación ha sido una auténtica catástrofe legislativa a favor de la especulación» .

Josep Castells, de Més per Menorca, ha subrayado «la solvencia del recurso ante las deficiencias de la ley, que no es una simplificación administrativa, sino una desprotección del territorio para hacer un gran ‘pelotazo’ hecho de pequeños ‘pelotazos’, cuando parecía que estas prácticas ya habían quedado atrás. Quien ha cumplido con la normativa se ha quedado con un palmo de narices y quien más ilegalidad ha hecho, más ha ganado, cuando en Menorca tenemos mecanismos de legalización mucho más justos».