El Govern no acogerá los 59 menores migrantes no acompañados que el Gobierno tiene previsto enviar a Baleares desde Canarias tras el acuerdo con Junts que este martes aprobará el Consejo de Ministros. «No nos los pueden enviar; es materialmente imposible», ha señalado la consellera de Famílies, Catalina Cirer. Ha insistido en que Baleares no puede acoger ni un menor más y ha comunicado que la Abogacía de la Comunitat ya trabaja para ver cómo responde a una nueva «deslealtad» del Gobierno. «Vamos a revisar a qué nos obliga para ver si podemos rechazar su contenido». ha dicho.
«Teóricamente tendríamos que ser una comunidad de reparto, no de acogida», ha puntualizado Cirer. La consellera ha considerado «muy poco lógico» que Baleares acoja 59 menores, según las primeras informaciones, y Cataluña, 27. Con estos datos, ha cuestionado los criterios de reparto y el hecho de que a Baleares, «una comunidad que es objeto de llegada constante de pateras», le correspondan 59 mientras que a Cataluña, «con sus dimensiones», le toquen 27. «Permitan que ponga en duda la objetividad y el interés de los menores en este reparto», ha denunciado. «Se trata de intereses y de conveniencias de poder», ha dicho.
La consellera ha señalado que «en principio» deberían llegar 59 menores a Baleares, pero ha afirmado que el número es «indiferente». Ha precisado que no es un problema de solidaridad ni tan solo económico, sino de falta capacidad. «Estas Islas no tienen capacidad para atender un menor más», ha dicho. Ha opinado que la llegada de estos menores se sumará al flujo de llegadas que ya han en las Islas porque continuarán llegando pateras.
«Tenemos una falta de espacios, una falta de infraestructuras y, sobre todo, una falta de profesionales para que se hagan cargo de los menores», según Cirer. Ha señalado que, cuando estos niños llegan a las Islas, tienen que ser tutelados por la administración y necesitan profesionales que se hagan cargo de ellos. »Sin profesionales y sin espacio, esta comunidad no puede hacerse cargo de más menores", ha dicho de forma tajante.
También ha lamentado la «deslealtad» institucional del Gobierno, que reunió a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial sobre inmigración y no les informó de que este martes se aprobaría el reparto en la reunión del Consejo de Ministros. «Es una deslealtad importante», ha dicho. Ha insistido en que la Abogacía revisará el decreto y ha precisado que el Gobierno conoce perfectamente cuál es la situación de Baleares porque la presidenta, Marga Prohens, se lo ha hecho saber al presidente Pedro Sánchez.
Que se los meta chanches en su casa, ¿o hay algún voluntario por aquí?.... a ver.... que levanten la mano....