«No identificar a los gatos puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros»

En 2023, la legislación referente a los animales de compañía dio un giro de 180 grados tras la aprobación y la aplicación de la Ley de Bienestar Animal que, entre otra medidas, obliga a los dueños y ayuntamientos a identificar con un microchip a los gatos, algo que antes era voluntario y que mucha gente decidía no realizar. En ese sentido, Ramón García, presidente del Colegio de Veterinarios de las Islas Baleares (COVIB), ha precisado que los dueños que todavía no han identificado a su felino no solo estaría cometiendo una ilegalidad, sino que estaría privando a su mascota de a posibilidad de encontrarla en caso de pérdida o accidente.

Tal y como ha destacado el veterinario, la principal función del microchip es proporcionar a las clínicas los datos del felino, que incluyen el nombre del dueño y del animal además de un número de teléfono de contacto. «Que el gato tenga un microchip nos ayuda a saber con qué animal estamos tratando. Si, por ejemplo, un dueño dice que ha perdido a su felino y es de color negro, a simple vista es muy complicado discernir si es su mascota si no tenemos forma de identificarla», ha precisado el experto, a lo que añade que el implementarle el microchip se trataría de «un acto de responsabilidad» por parte del dueño.

De todas formas, García también ha querido llamar a la calma y ha aclarado que «un gato no dejará de ser tratado en una clínica por no llevar microchip. Iría en contra del código deontológico del veterinario de tratar a todo animal que lo necesite». Igualmente, ha resaltado que los órganos competentes en el tratamiento de los animales, en concreto la Dirección General de Derechos de los Animales y el Ministerio de Agricultura, son conscientes de la situación y han acordado interpretaciones en la normativa para poder tratar a los felinos que lo necesiten aunque no puedan ser identificados. «Son conscientes de que hay vacíos», precisa.

Por último, el veterinario ha declarado que, aunque esté obligado por ley, el veterinario «solo avisará al dueño de la obligación que tiene de identificar a su gato. No somos policías». Sin embargo, ha advertido que el no acatar la ley en ese sentido puede acarrear una sanción grave que puede ir desde los 10.000 hasta los 50.000 euros.