El Consell Consultiu respalda la intención del Govern de llevar ante el Tribunal Constitucional el decreto ley con el que el Gobierno Central reguló el reparto de menores migrantes. El dictamen del órgano consultivo cuenta con un voto particular suscrito por los consejeros propuestos por los partidos de la oposición. La tesis mayoritaria, expresada en una ponencia del presidente del Consultiu, Felio Bauzá, defiende que «hay indicios suficientes de inconstitucionalidad» en el decreto. Primero por tramitarse de esa manera y no mediante una ley.
Entiende el documento que la inmigración es un «problema estructural» y que, por tanto no queda justificada la emergencia. También aprecia una invasión de las competencias de las comunidades en materia de protección de menores que son «irrenunciables» al establecer un reparto forzoso. Razona el Consultiu que, una vez entran en el sistema de protección, esos menores dejan de estar en la esfera de competencias del Estado sobre inmigración. «Existe un deber general de colaboración», añade.
Enfrente, los firmantes del voto particular sí valoran la existencia de una situación de emergencia por el incremento de llegadas. También apuntan a que «la dignidad y el bienestar de los menores» justifican que se imponga un mecanismo obligatorio para las comunidades autónomas.
Tras el dictamen, el Govern deberá formalizar el recurso, anunciado también por otras autonomías gobernadas por el PP, contra el decreto ley.
Espanya se buida i noltros vessam