El Tribunal Superior de Justicia da de plazo hasta febrero de 2026 para que el Govern termine de cumplir la sentencia que le condenaba por recortar el suelo de 50.000 funcionarios durante la pandemia. La administración debe pagar a sus empleados alrededor de 170 millones de euros y la Sala de lo Contencioso le permite hacerlo en tres tandas desde el próximo mes de junio hasta febrero. En la ejecución de la sentencia, firme desde septiembre del año pasado, la administración planteó un incidente para poder adaptar el pago. El motivo fundamental estaba en la falta de consignación presupuestaria de la ejecución de esa sentencia. El STEI, el sindicato que ganó el pleito inicial al Govern se oponía a esos retrasos y planteaba que la sentencia quedara cumplida de forma rápida: en un plazo de tres meses a partir del recurso o, al menos antes de finales de este año.
El tribunal señala que «las excusas que presenta la administración para dilatar el proceso no son evasivas sino realistas» dado que no se han aprobado presupuestos para este año, «con lo que la condena no se encuentra incluida ni en los presupuestos ni en el fondo de contingencia». Así, con los presupuestos prorrogados, el tribunal entiende adecuada la propuesta de cumplimiento aprobada por el Consell de Govern y la valida como mecanismo para ejecutar la sentencia. De esta manera, en la nómina de junio se abonará una actualización del salario del 2,9 por ciento con efectos desde el uno de enero de este año. El segundo de los abonos se debe llevar a cabo en septiembre, cuando los empleados públicos percibirán el 65 por ciento de los retrasos e intereses liquidados.
Estos pagos a los que el Govern está obligado desde septiembre del año pasado derivan de un recurso interpuesto por el sindicato. El TSJIB lo aceptó de manera parcial y anuló el acuerdo adoptado por el Govern en el año 2021.
En ese se mantenían una serie de recortes que los sindicatos sí habían aceptado un año antes en plena pandemia sobre algunas retribuciones complementarias. Sin embargo, un año después se mantuvo la congelación y se dejaba sin efecto un incremento que se había fijado por una ley anterior.
Por lo tanto, la sentencia obligaba a incrementar en un 2 por ciento para 2020 las retribuciones básicas de los funcionarios de la CAIB sin revertir el decrecimiento que se había aplicado en el ejercicio anterior. También imponía ese aumento desde 2023 para en las retribuciones complementarias. Una vez firme, ahora la Sala aclara cómo se debe desembolsar esa cantidad. El tribunal tiene en cuenta la importante carga económica que supone para las arcas públicas esta corrección en los salarios de miles de empleados públicos y que la situación presupuestaria no contemplaba esos pagos. Ante lo inesperado del pago para la administración, que era lo que se discutía en el fondo, se flexibiliza el plazo para hacer el desembolso completo.
Está deuda con los funcionarios, ¿es debida a los dos años del actual gobierno o del anterior?.