El comité de empresa de IB3 ha reivindicado que «luchará hasta el final» por sus derechos y para resolver el conflicto. «No queremos ser funcionarios, queremos justicia», han señalado. Así lo han apuntado este jueves en un escrito en el que hacen varias consideraciones después de la huelga de los trabajadores para reclamar que se apliquen los acuerdos firmados con la dirección del ente público. Según han recordado, la mayoría de los trabajadores de los servicios informativos estuvieron subcontratados durante 18 años, sufriendo «todo tipo de abusos», como salarios «ínfimos», horas extra sin cobrar, expedientes de regulación de empleo legales e ilegales y una inestabilidad laboral «incompatible con el servicio esencial informativo».
En enero de 2022, el anterior Govern anunció la internalización de la plantilla. A su parecer, no lo hizo «tanto por convicción» sino por la «certeza» que acabaría perdiendo los juicios pendientes por cesión ilegal de trabajadores. Continuando con el relato de los hechos, el comité ha explicado que en aquel momento había 160 denuncias de empleados de diferentes subcontratos que fueron retiradas por la internalización. La intención inicial del Govern de Francina Armengol era integrar los trabajadores como personal indefinido no fijo, no obstante, una sentencia del Tribunal Supremo determinó que cualquier empleado con un contrato indefinido antes de un proceso de internalización, tiene que ser fijo al producirse la subrogación del servicio.
Así, en febrero de 2023 los trabajadores fueron subrogados a IB3 como personal laboral fijo del ente, según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Como resultado, han indicado, sus plazas ya no pueden salir a concurso. «Somos trabajadores del sector público instrumental y exigimos que se nos apliquen las normas laborales de este colectivo. Exactamente igual que ha ocurrido con otros procesos de internalización de trabajadores a empresas públicas de Baleares, como el transporte sanitario no urgente», reivindican. Según han expuesto, una vez internalizados, se eligió un nuevo comité de empresa y se empezó a negociar el acuerdo de integración, siguiendo la nueva hoja de ruta marcada por el Govern. Tras el cambio de Ejecutivo y después de más de un año de negociaciones, en diciembre de 2024 se firmó un acuerdo de integración.
El conflicto surge a raíz del rechazo de este acuerdo por parte de la dirección general de Función Pública del Govern, según han criticado, a pesar de haber estado al corriente de la negociación «en todo momento. Ahora el bloqueo del acuerdo impide que 350 trabajadores vean como sus expectativas legítimas de mejoras laborales y salariales se desvanecen después de dos años y medio de espera», han lamentado, agregando que el sentimiento de «injusticia y desprecio» han provocado que el seguimiento de la huelga haya sido masivo.
El comité de empresa ha defendido que intentó negociar hasta el último momento con «la esperanza que el grueso del acuerdo se pudiera salvar» pero que no les dieron «el más pequeño indicio de que esto fuera posible. Que nadie se equivoque. Nuestra lucha no es política. En todos estos años, hemos protestado contra gobiernos de izquierdas y de derechas, para defender los derechos de los trabajadores y dignificar nuestro trabajo», han insistido. Con todo, han afirmado que continuarán trabajando para garantizar el servicio informativo público y de calidad, poniendo en valor que su profesionalidad ha quedado demostrada en los momentos más complicados.
podemos reivindicar el cierre de invento ? mas caro que necesario y seguido ?