JUCIL, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, denuncia públicamente la «alarmante situación que atraviesan las Islas Baleares en materia de seguridad ciudadana, ante la falta de cobertura de plazas en el Cuerpo». Avisan de que «a mediados de septiembre 450 vacantes quedarán sin ocupar», lo que sitúa al archipiélago en una posición de «extrema vulnerabilidad» tras un periodo estival ya de por sí «afrontado con numerosos huecos desiertos».
En marzo se publicaron 376 vacantes para cubrir necesidades operativas en todas las Islas pero solo se han cubierto 74 plazas, de las que 30 corresponden a agentes procedentes de otras regiones y 44 a movimientos internos dentro de Baleares. «A ese escaso resultado hay que sumar una pérdida neta de 106 agentes en el conjunto del archipiélago, con especial impacto en Mallorca (-84), Ibiza (-20), Menorca (-1) y Formentera (-1)», dice JUCIL.
Aunque se han incorporado 66 alumnos en prácticas distribuidos entre Mallorca (50), Ibiza (11) y Menorca (5), para la asociación de guardias civiles esta cifra es «claramente insuficiente para compensar el déficit estructural que arrastra la región».
JUCIL advierte de que «esta situación no es puntual ni coyuntural, sino una constante falta de efectivos en una comunidad cuya población ha crecido exponencialmente». «Esta carencia, agravada por la presión turística y migratoria durante el verano, pone en riesgo la capacidad de respuesta de la Guardia Civil en tareas esenciales como la vigilancia costera, la atención ciudadana, la seguridad vial y la lucha contra el crimen organizado», asevera.
Avisa de que «la seguridad de los ciudadanos no puede depender de la improvisación ni de refuerzos temporales» y de que «es imprescindible una planificación seria, una dotación adecuada de medios humanos y materiales, y un compromiso firme por parte del Gobierno para garantizar un servicio público esencial».
Además, JUCIL subraya que «todas las administraciones de Baleares están haciendo esfuerzos para lograr que el destino más atractivo: el Govern ha introducido medidas fiscales específicas, los ayuntamientos han cedido alojamientos y terrenos para levantar nuevos acuartelamientos, y los diferentes Consells insulares han colaborado activamente para facilitar el alojamiento de agentes. Incluso las propias asociaciones profesionales han impulsado campañas de colaboración ciudadana para alojar a nuevos efectivos. Sin embargo, el Gobierno central sigue sin aportar ninguna mejora concreta, limitándose a dilatar soluciones urgentes».
Desde JUCIL exigen «medidas urgentes para revertir esta situación antes de que, tras el final del verano, un nuevo concurso de traslados deje a Baleares en una posición insostenible». «La ciudadanía merece una seguridad de calidad, y los agentes, condiciones dignas para ejercer su labor», concluye.
Se'ls hauria d'exigir a tots els GC el nivell C. Encarna millor, que se'n tornin tots a Andalusia i aquí implantam un cos autonòmic amb gent d'aquí. La policía nacional tampoc caldria.