El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de decreto de regulación de la náutica de recreo, que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones particulares, una norma para la que el Ejecutivo autonómico tiene plenas competencias, según ha defendido su portavoz, Antoni Costa.
El Govern ha impulsado el decreto, que espera que entre en vigor el 15 de agosto, en respuesta a la norma estatal que permite a embarcaciones privadas operar comercialmente durante tres meses al año.
El pasado martes, la presidenta, Marga Prohens, anunció esta medida a los integrantes de la Mesa Náutica, después de que el PSOE asegurara que el Gobierno central iba a modificar su norma para que el archipiélago quedar exento de la liberalización general a partir de la próxima temporada turística.
El Proyecto de decreto que regulará el alquiler de embarcaciones y buques de recreo con el objetivo de ordenar una actividad en crecimiento, reforzar la seguridad de los usuarios, proteger el litoral y garantizar una convivencia equilibrada entre los distintos usos del mar.
El nuevo decreto mantendrá el alquiler restringido a embarcaciones profesionales (sexta lista del registro marítimo) e impedirá que las privadas (séptima lista) cambien temporalmente su uso para operar comercialmente.
Costa ha defendido que los servicios jurídicos del Govern consideran que la Comunidad Autónoma tiene competencias suficientes para adoptar esta medida y ha asegurado que no tiene «ningún miedo» ante un eventual recurso del Gobierno central.
«Supongo que el PSOE estará plenamente de acuerdo con el decreto», ya que ha anunciado una regulación en el mismo sentido del Ejecutivo central para el próximo año.
Costa he hecho hincapié en que el decreto adelanta una medida que, según los socialistas, la administración estatal pensaba impulsar más adelante.
Según ha informado la Conselleria del Mar, la futura norma establece la obligación de presentar una declaración responsable anual y la inscripción en un nuevo registro balear de embarcaciones de alquiler para poder operar desde cualquier punto del litoral, independientemente del puerto base o pabellón, lo que implicará el cumplimiento de requisitos documentales, técnicos, fiscales y ambientales.
El texto incorpora un código de buenas prácticas ambientales y de seguridad que incluye la prohibición de fondear sobre posidonia, la obligación de informar a los clientes sobre zonas protegidas, la correcta gestión de residuos y medidas para mejorar la seguridad a bordo y la convivencia marítima.
El decreto sustituirá al vigente desde 2017, refuerza la inspección y el control de la actividad y prevé medidas contra el uso fraudulento de embarcaciones privadas con fines comerciales en coordinación con las autoridades de marina mercante.
Ahora solo queda prohibir las lanchas sin titulacion y pillar a los particulares que “dejen” las embarcaciones a amigos, como tanta gente “dejando” casas