El PSIB sospecha de negociaciones ocultas de la liberalización de suelo

Los socialistas de Baleares sospechan que ha habido negociaciones ocultas durante la tramitación de la ley que liberaliza suelo y que permite urbanizar suelo rústico en las Áreas de Transición. La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha registrado en el Parlament medio centenar de preguntas y de peticiones de documentación  en relación con este asunto.

Entre las preguntas que ha formulado, Garrido quiere saber si algún miembro del Govern se ha reunido con entidades, empresas o personas físicas para la redacción del decreto. Las sospechas se han acrecentado ante la posibilidad de que las presiones para activar estas medidas procedan de alguien relacionada con Vox.

De hecho, una de las preguntas tiene que ver con las enmiendas de esta formación. El PSIB pregunta además al Govern si miembros del Ejecutivo se han reunido con entidades, empresas o personas físicas para la redacción de las enmiendas que presentaron PP y Vox.

Entre las peticiones de documentación que ha hecho el PSIB está la copia completa del expediente de tramitación de esta ley, así como la copia de los estudios diversos que ha realizado el Govern para avalar técnicamente la propuesta legislativa. Entre otros estudios, la diputada socialista ha pedido copia de los trabajos previos para calcular el suelo vacante, así como una copia de los estudios de movilidad que se han realizado para calcular las consecuencias de tráfico en los barrios donde se realizarán las construcciones.    En esta línea, los socialistas piden una copia de los estudios de suficiencia    hídrica y energética.

Además de las sospechas sobre posibles negociaciones del PP y Vox con empresarios con intereses en esta norma, la izquierda también ha anunciado que impugnará la tramitación de esta ley ya que considera que los dos partidos mayoritarios no cumplieron el reglamento en la presentación de algunas enmiendas de Vox que se votaron in extremis. Apenas tuvieron ocasión para estudiarlas y creen que eso supone una vulneración de sus derechos como diputados.

La oposición en bloque anunció en su día que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados. La tramitación de la ley no quedó paralizada en un primer momento    y habrá que esperar a ver cuál es la resolución definitiva de los jueces.