El Govern lleva cinco años afrontando el pago de los servicios de atención sanitaria de los más de 1.100 presos de la cárcel de Palma a pesar de ser un gasto de competencia estatal. Entonces el Ministerio del Interior, en plena pandemia y con el Pacte, dejó de abonar esta retribución y la Conselleria d’Hisenda ha ido asumiendo cada año este gasto. Ahora ha reclamado formalmente el pago de los 8 millones de euros de deuda acumulada.
Concretamente, hay 12.774 pagos diversos que están pendientes de pago desde 2020 y que alcanzan los 5,9 millones. A esta cantidad se le suman 1,2 millones más por la demora y 700.000 en concepto de intereses, explican desde el Ejecutivo balear. Desde Madrid les argumentaron de forma informal que todavía no se podrá ejecutar el pago porque no están aprobados los presupuestos generales. Unas cuentas prorrogadas desde 2023 por la imposibilidad del PSOE y Sumar de conseguir los votos necesarios del resto de socios de investidura para sacarlos adelante.
En cualquier caso, pese a que el ministerio haya dejado de transferir al Govern el coste del servicio sanitario de los presos, en ningún momento se ha dejado de prestar. Sin embargo, sí que existe un problema estructural para cubrir las plazas ofertadas para ofrecer una mejor atención..
Falta de médicos
Actualmente solo hay un médico en activo, cuando debería haber otros ocho más. Una situación que se arrastra desde hace años y que compromete la salud de los internos y el trabajo de los funcionarios. Sindicatos CSIF, Jupol y Tu Abandono Me Puede Matar-Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios llevan mucho tiempo reclamando cubrir estas vacantes.
Hay diversas razones por las cuales ocurre esta situación, siendo la más destacable que existe una diferencia salarial mensual superior a 1.000 euros entre médicos de prisiones y sus homólogos en centros de salud y hospitales. Un hecho que hace menos atractiva estas plazas, que también son más complejas porque se trata con personas que han tenido problemas de adicción o que son violentas. Asimismo, como pasa en el resto del sector sanitario, faltan profesionales locales y estas plazas se cubren con personal de la Península, que ante la dificultad para encontrar una vivienda en Balears y el coste de la vida prefieren evitar venir a Mallorca. Los que se deciden por esta opción, además, suelen estar poco tiempo y luego regresan a su comunidad.
En la misma línea, otro punto que genera fricciones financieras entre el Govern y el Gobierno es la compensación del gasto por la atención de turistas extranjeros que paga a Balears en función de los visitantes que pasan por los centros sanitarios cada año. El pago suele retrasarse y el Govern protesta.
Punto de vista
Unos pagos entre rejas
Javier JiménezLos datos
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Pendientes de la quita de la deuda
Un próximo Consejo de Ministros aprobará la activación del proceso de condonación parcial de la deuda de las comunidades. Según Hacienda, la quita de la deuda referida a Balears sería 1.741 millones, una cifra que la sitúa como la cuarta comunidad menos beneficiada por la propuesta, criticada por el Govern balear.
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Balears exige una nueva financiación
Balears quedará el año que viene por debajo de la media en el sistema de financiación y el Govern exigió hace unos días al Gobierno que abra de una vez por todas la negociación para abordar un cambio de modelo que perjudica «de manera notable» a las Islas.
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El factor insular está sobre la mesa
El instrumento financiero que trata de compensar las consecuencias de la insularidad de Balears es otro de los temas económicos que en breve se deberán de negociar entre ambos gobiernos para establecer una partida a cobrar de cara al año que viene. Todavía no hay fechas para reunirse.
Ahora entiendo porque a casi todos los delincuentes no los meten en la cárcel y a asi no tienen que mantenerlos y el dinero que cuesta eso pues se lo gastan ellos en sus cosas mientras tanto los de aquí a apagar cuando es una potestad del Gobierno de España pero es lo que hay