El Parlament balear reanuda esta primera semana de septiembre su actividad tras la pausa del verano y eso da inicio a un curso político que tanto el Govern de Marga Prohens –remodelado en julio– como la oposición, afrontan en clave electoral se adelanten o no las elecciones, ya sean las autonómicas o las generales.
Marga Prohens no tiene intención de anticiparlas. Esta posibilidad no está sobre la mesa y menos tras la remodelación de julio y conseguido un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2025 y desbloquear las leyes que se negociaron durante los seis primeros meses del año. Prohens considera, y así lo han expresado desde su entorno a pocos días del arranque del curso, que con ese nuevo ejecutivo puede llegar a las elecciones sin promover más cambios. El PP tiene una amplia cantera y tampoco si Pedro Sánchez adelantara las generales sería imprescindible que alguien que ahora ocupa una conselleria optara al Congreso.
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament se reúnen el jueves. Ese día, además de acordarse el orden del día del primer pleno –el 9 de septiembre– se fijarán fechas para las comparencias de Sandra Fernández, nueva consellera de Benestar Social i Families, y de Catalina Cabrer, consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social. La primera sustituyó a Catalina Cirer; la segunda asume prácticamente todas las competencias que hasta el 12 de julio dependían de Alejandro Sáenz de San Pedro, que sigue como titular de Empresa, Autònoms i Energía. También continúa, aunque con rango de vicepresidenta y asumiendo las competencias de inmigración, la consellera de Presidència, Antònia Estarellas.
Estarellas ha llevado estos días junto a la presidenta el protagonismo del asunto que ha marcado el verano: el aumento de la llegada de migrantes en patera y la respuesta al acuerdo para el reparto de los menores que esperan en Canarias. Este asunto, para el que también tiene solicitadas la oposición comparecencias específicas, centrará parte de las preguntas de la primera sesión plenaria. Prohens quiere marcar la agenda política –no espera realizar grandes anuncios sino insistir en vivienda o bajada de impuestos– y continuar con su pulso con el Gobierno estatal. De un lado con el asunto de los migrantes y otro en la financiación.
Para PSIB y Més, el PP está en la manos de Vox y eso le pasará factura. En inmigración su posición es coincidente con el partido ultra, señalan. Y además dan por hecho que «ha perdido la calle» y que habrá movilizaciones, tanto en todo lo relacionado con el urbanismo y la educación. El presidente del Parlament y de Vox, Gabriel Le Senne, está pendiente de juicio.
A sanchez ni agua. Basta ya de socios cómplices culpables de la actual situación del país. Que no entre ni uno.