La Sala de lo Contencioso del TSJIB rechaza la petición de PLIS Educación para imponer que todos los centros educativos de Balears impartan al menos un 25 por ciento de las clases en castellano. La asociación había lanzado una petición al Govern al hilo de las sentencias de los tribunales catalanes que estimaron que la Generalitat debía cumplir con ese mínimo en sus centro, una decisión que se mantiene y que provocó una gran polémica en Catalunya.
Hasta ahora, el TSJIB ya había rechazado una petición similar formulada por padres de alumnos y que se limitaban a atacar el proyecto educativo de un centro en concreto. Lo que pretendía PLIS es que se atendiera una petición que formuló a la Conselleria d’Educació. En ella, reclamaba que se ordenara a todos los directores con «instrucciones precisas» para que modificaran los proyectos educativos, de manera que se alcanzara ese porcentaje de clases en castellano y que fuera en una asignatura troncal. Ese escrito se formalizó en diciembre de 2020 y fue denegado por la administración en enero de 2022.
El procedimiento judicial que inició PLIS llevó como reacción a que se personaran en él la Obra Cultural Balear y el STEI. Lo primero que hace la sentencia es reconocer la legitimidad de la iniciativa dentro del derecho de petición. Admite que cualquier ciudadano o colectivo interesado puede plantear una cuestión de interés general a la administración pero que eso no implica que se acepten sus demandas. «Solo tiene derecho a una respuesta motivada a su petición. Y la tuvo. Extemporáneamente, pero la tuvo», señala la sentencia que zanja el debate: «No hay posibilidad de entrar en discusión respecto a esa negativa porque forma parte de la potestad de la administración.
Sobre el el 25%, el tribunal recuerda que ya respondió a la petición de un padre para que se impartiera en un colegio determinado. Aquella sentencia resaltaba las diferencias entre el sistema catalán, que había sido anulado por los tribunales y el de Balears. Entendía que en las Islas se busca asegurar la enseñanza de ambas lenguas oficiales y que se la concreción de las horas se deja en manos del proyecto educativo de cada centro. El único límite es que, al menos la mitad de las horas de clase se impartirán en catalán.
El Tribunal ha resuelto en ese sentido antes y después de la entrada en vigor de la Ley de Educación de 2022. Otro de los posibles cambios que recursos similares al de PLIS querían probar era la posición del TSJIB tras la jubilación del anterior presidente de la Sala de lo Contencioso, Gabriel Fiol, al que achacaban la postura del tribunal, que ahora se mantiene. De hecho, la sentencia impone las costas a PLIS hasta un máximo de 3.000 euros. La sentencia puede ser recurrida al Supremo.
Antoni Llabrés, presidente del OCB, manifestó que «se trata de una noticia excelente, que se añade al fracaso del plan de segregación lingüística y de la apuesta de las familias por el catalán como lengua de primera enseñanza a la educación infantil». La entidad, que se había personado en el procedimiento considera que se trata de una victoria «ante los intentos de erosión que sufre el modelo lingüístico educativo de Balears, consensuado y consolidado».
Jo només veig una solució i és imitar el model suís, o belga entre d'altres, ja que tenim un estat multilingüe, i que a cada territori només sigui oficial la seva llengua pròpia i local. Per cultura i educació és ben clar que aprendre altres llengües nacionals o internacionals és un plus, però per garantir els drets lingüístics locals de cada territori i evitar discussions bizantines. A Andorra per exemple, l'idioma oficial és el català i xerren un castellà i un francès perfecte. No és anar en contra de, sinó promoure i anar a favor de la llengua i cultura local i pròpia, ¿o per ventura seríem l'únic estat amb més d'una llengua que no és capaç d'entendre'ns?